El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha socializado desde el 30 de octubre un borrador de decreto que busca cambiar el modelo tarifario que rige para los derechos por registro y renovación de la matrícula mercantil en las cámaras de comercio del país.
Algunos aspectos del cambio preocupan a las empresas y a las cámaras, y aunque inicialmente el plazo para comentarios vencía el 15 de noviembre el Ministerio lo extendió cinco días más y la nueva fecha límite es hoy, 20 de noviembre. Según conoció Portafolio, Confecámaras -el gremio que aglutina a las cámaras de comercio- lidera el trabajo con el Ministerio con el fin de superar las preocupaciones que tiene el sector privado en torno al contenido del borrador de Decreto.
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Según el Gobierno, esta iniciativa no prevé costos directos al Estado, al tiempo que “se estima que el escenario tarifario propuesto implicaría un ahorro por concepto de renovación de registro mercantil a los empresarios de alrededor del 46,5% con respecto al esquema actual”.
Advierte que cerca de 1,55 millones de microempresas tendrían un ahorro por concepto de renovación del orden del 92,8%, en tanto que cerca de 110.000 pequeñas empresas tendrían un ahorro por concepto de renovación del orden del 83,8%.
El primer cambio que se anuncia es que, atendiendo el Plan Nacional de Desarrollo, los cobros por concepto de tarifas serán fijados en Unidad de Valor Básico (UVB), la cual iniciará su vigencia el 1 de enero de 2024, sujeto a la Resolución que expida el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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Esta versión anota que “se estimó conveniente definir un marco tarifario con escalas diferenciales en función de los activos ordinarios del comerciante, con un piso mínimo de cobro de 2 UVB, equivalente a $20.000 y un techo o máximo de cobro equivalente a 1.000 UVB equivalente a $10.000.000, a fin de lograr la progresividad y equidad vertical”.
El documento que acompaña el borrador y que sustenta las nuevas medidas señala que “se consideró realizar un ajuste en la tarifa de ciertos actos simples y complejos, así como a las certificaciones, de tal manera que su aumento no sea desproporcionado, pero sí permita compensar la disminución de ingresos”.
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Para el Ministerio, este modelo contribuye a apoyar parcial o totalmente con la financiación de la prestación del servicio, establece un sistema de escalas diferenciales según los activos y atiende a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Además, indica que se ha previsto un incentivo o beneficio para microempresas que hagan parte de la economía popular que quiere impulsar el Gobierno.
“Este incentivo comprende el otorgamiento del registro mercantil con una tarifa diferencial y una tarifa diferencial para el primer año de renovación, para micro empresas de la economía popular que hagan parte de los programas en materia de desarrollo empresarial”, precisa.
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El análisis del sector privado a este borrador de Decreto, que tiene un alto componente técnico, aborda lo que significaría llevarlo a la práctica (ver recuadro) y expresa las preocupaciones.
Uno de los puntos sobre los que piden revisión tiene que ver con el cambio del criterio para el pago de los establecimientos de comercio, ya no por activos vinculados al establecimiento de comercio sino por el número de establecimientos de comercio de propiedad del empresario.
“Esto podría generar una vulneración al derecho a la igualdad y al principio de proporcionalidad ya que pone en la misma condición a micro, pequeñas, medianas o grandes empresas que cuenten con el mismo número de establecimientos”.
“Este esquema es altamente regresivo ya que no existe un tratamiento diferencial para los micro, pequeños y medianos empresarios, quienes resultarían pagando el mismo porcentaje que los comerciantes con altos activos”, reseña.
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Desde Acopi, Rosmery Quintero, indica que es cierto que el esquema tarifario, responde al principio de progresividad, ya que esta se encuentra definida por monto de los activos.
“Sin embargo, en nuestro documento de ‘Propuestas Diferenciales para la sostenibilidad del segmento empresarial MiPyme’, solicitamos que estas tarifas fueran modificadas con el fin de que cumplan con el principio de equidad en el segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas, pues terminan pagando una tarifa más alta que las de mayor tamaño si lo comparamos como porcentaje de los activos”, plantea.
En ese sentido, el gremio reitera al Ministerio la solicitud de que se reconsidere este esquema tarifario para garantizar una estructura que fomente un entorno más justo y propicio para que crezcan estas empresas.
Cuentas de empresas
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Finalmente, la dirigente gremial comenta que la implementación de beneficios para las microempresas de la economía popular y comunitaria, es una buena medida. Sin embargo, las cámaras de comercio llaman la atención en que es fundamental contar con una definición que les permita identificar de manera objetiva cuáles son las empresas que hacen parte de esta política.
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Los gremios hacen cuentas sobre lo que representa el ajuste tarifario, según el borrador de decreto publicado. Señalan que con la nueva tarifa de ajuste UBV, cuya base incremental es la inflación, sin alimentos y regulados (tarifas de energía), que para el 2023/09 es del 9,80%, comparando con la variable de ajuste actual de las tarifas de registro que es la UVT (10,97%), significa menores ingresos el año entrante.
Por trámites, cita el caso del certificado de existencia y representación legal y los certificados especiales que pasan de $7.200 a $20.000, el certificado de matrícula mercantil pasa de $3.600 a $20.000 con base en la UVB ($10.000) 2023.
Este ingreso es de $11.701 millones al cierre 2023 y pasaría a $23.797 millones (1.849.036 certificados vendidos). “Esto va a generar una menor demanda por parte de los empresarios estimando una caída del 36% (669.000 menos certificados), ya que pueden realizar las consultas a través de otros sistemas propios como el RUES".
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