La infraestructura vial, marítima y aeroportuaria del país son elementos indispensables para un crecimiento económico sostenido, la reducción de las brechas en equidad y una efectiva reconciliación en el país. No solo permite la ampliación de las actividades comerciales, sino es uno de los fundamentales para la integración de las regiones, el incremento de la productividad rural y la distribución uniforme de oportunidades.
A pesar de su importancia, la realidad es que la eficiencia en la ejecución de las megaobras en Colombia sufren las más insólitas demoras, fallas e increíbles sobrecostos. Erróneamente, los últimos gobiernos han hecho esfuerzos fiscales importantes para su financiación, pero poco o nada para garantizar el cumplimiento de los objetivos de manera eficiente, efectiva y eficaz. Los esfuerzos fiscales resultan cortos si los procesos de contratación, ejecución y seguimiento a los proyectos de infraestructura son ineficientes.
Aunque se han hecho esfuerzos para el mejoramiento de la formulación, el seguimiento y la evaluación de los proyectos de infraestructura, existe un elemento en la cadena que aún sufre graves fallas y es el responsable del incumplimiento, las fallas y los sobrecostos. Este componente son los mecanismos de subasta y contratación pública.
El megaproyecto del túnel de La Línea ilustra bien esta situación. De acuerdo con declaraciones del director del Instituto Nacional de Vías, el Gobierno ha pagado aproximadamente 97 por ciento del valor total de la obra y solo ha recibido70 por ciento de su ejecución. En otras palabras, la ejecución financiera y física no se corresponden y no hay nada que el Gobierno pueda hacer por alcanzar sus metas físicas si los incentivos del contratista y del Gobierno no se encuentran alineados.
No obstante, este no es un concepto trivial, ni mucho menos exclusivo de la contratación en Colombia. El concepto de subastas públicas eficientes para el desarrollo de proyectos ha sido un elemento de estudio en diferentes disciplinas de decisión y gerencia de operaciones.
En el 2010, un grupo de investigadores de las Escuelas de Negocios de las universidades de Calgary, Canadá y Texas, en Ausin, reconociendo la desalineación por naturaleza de los intereses de las partes, propusieron un sistema de subastas basado en mecanismos de contratación contingente.
Puesto de manera simple, este mecanismo revela la intención y las verdaderas capacidades del contratista para llevar a cabo un proyecto, elaborando un contrato en el que el mismo proponente determina un castigo en caso de incumplimiento. Esta investigación demostró ser un mecanismo eficiente para la selección de contratistas y efectivo para la disminución del riesgo de incumplimiento en la ejecución de megaproyectos.
De esta manera, es claro que no son solo los recursos lo que se necesita para llevar a buen término las obras de infraestructura en el país. Se requiere investigación, innovación y estudio de los diferentes procesos que componen la contratación pública en Colombia, a costa de evitar fallas de información, selección adversa y desalineación de incentivos en la ejecución de los recursos públicos.
Andrés Jola Sánchez
Instructor asociado, Kelley School of Business, Indiana University