Uno de los objetivos del Gobierno del presidente Santos ha sido la búsqueda de un puesto para Colombia en la prestigiosa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), que actualmente componen 34 de los países más influyentes del planeta.
El proceso que fue iniciado oficialmente a mediados del año pasado ha contado con el respaldo de la organización, y el compromiso del Gobierno para estudiar las recomendaciones que efectúe el organismo en los diferentes ámbitos de la política pública colombiana.
El ingreso de Colombia a la organización estaría en franca relación con la adopción e implementación de las prácticas y los estándares que ha desarrollado y difundido la Ocde en sus cerca de 50 años de operación. No obstante, es la decisión del Gobierno colombiano qué prácticas adoptar y cómo hacerlo.
Bajo ese escenario, ¿conviene comprometerse con un esfuerzo de varios años en esta aspiración? A ojos de observadores internacionales, Colombia económica y socialmente vive un gran momento y su eventual entrada a la organización resultaría conveniente para el fortalecimiento de su política exterior y la búsqueda de medios más fuertes y vinculantes de cooperación internacional. La previsión de crecimiento económico para este año se acerca al 4,5 por ciento anual, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y la eventual salida negociada al conflicto armado marcarían el inicio de una nueva etapa en la historia social y económica del país, cuya experiencia y proceso podrían resultar de interés para la Ocde.
El nacimiento de una nueva generación de políticas públicas atadas a buenas prácticas y estándares reconocidos internacionalmente, constituye un momento de oro para la gestión pública y el desarrollo social y económico del país.
A pesar de ello, la entrada a la organización no puede ser una meta a ciegas e inercial. Las prácticas en materia fiscal, económica y social que abandera la Ocde deben enmarcarse en el contexto colombiano y las necesidades que sitúa objetivos como la superación de la pobreza, la desigualdad y el conflicto. Es responsabilidad de Colombia hacer la transición a estas buenas prácticas bajo los marcos de planeación nacional vigentes y haciendo consistencia con las metas de Estado de mediano y largo plazo.
Los costos que enfrenta el país en la actualidad por la mala toma de decisiones en lo público y la falta de planeación resultan fatales en las aspiraciones de largo plazo en Colombia. Una eventual adhesión a la Ocde reduciría la inconsistencia y en alguna medida la flaqueza de las políticas públicas, además de su volatilidad al paso de los ciclos de gobierno. Desde otro punto de vista, constituiría un momento para enriquecer el discreto desarrollo científico y técnico que tienen los procesos de elaboración e implementación de la política y la planeación nacional actualmente.
Andrés Jola Sánchez
Instructor asociado, Kelley School of Business, Indiana University, EE. UU. andres.jola@gmail.com
