El tema de Transmilenio ha cobrado relevancia y controversia en los últimos días en Bogotá. El sistema de transporte masivo, emblema y orgullo de la capital, día a día se deteriora y enfrenta los efectos perversos de ser un medio de movilización indispensable para millones de ciudadanos en la ciudad.
Esta propuesta de transporte masivo inició como un programa innovador en la administración de Enrique Peñalosa, y lo que pudo ser un modelo de transporte eficiente y adecuado para las necesidades de la urbe, hoy en día enfrenta graves problemas de capacidad, diversas restricciones operacionales y la reclamación justa de sus usuarios por mejores condiciones en la calidad de su servicio.
En la actualidad, se discuten diversas medidas para atender estos problemas. Las opciones, claramente subóptimas, son un caso de la poca efectividad y consistencia de las políticas públicas en el país. Tres aspectos desarrollan esta afirmación.
En primer lugar, resulta evidente la incoherencia de la planeación local frente a la política pública nacional. Aun en un esquema descentralizado como el colombiano, resulta evidente la desarticulación y falta de coordinación entre los planes locales y nacionales. Transmilenio es quizás el medio de transporte que más pasajeros atiende en cualquier ciudad del país. No obstante, la relevancia de este sistema no logra integrar los esfuerzos locales y nacionales. Los medios de comunicación entre los planeadores de la política distrital y nacional parecieran haberse eliminado por varias administraciones.
Segundo, el caso de Transmilenio es por excelencia un ejemplo de la incoherencia en el tiempo de la política pública distrital. El sistema de transporte nació bajo el supuesto de contar con la idoneidad técnica y voluntad política en administraciones futuras, que permitiera hacer de este medio de transporte un sistema estable y adecuado en años subsiguientes. Contrario a estas premisas, ha sufrido, por lo menos en las dos últimas administraciones, reveces estructurales y una grave desatención, que ha retrasado y desviado de un curso adecuado uno de los proyectos más importantes de transporte urbano en el país.
Un tercer aspecto está vinculado con la evidente politización de asuntos primordialmente técnicos. Aunque es obvio que existe una dinámica de economía política en la priorización de las iniciativas públicas, no es razonable politizar procesos de servicio público que tienen componentes técnicos más que políticos. En la práctica, el diseño y la implementación de un sistema de transporte como Transmilenio tiene objetivos, restricciones y parámetros identificables, con poco espacio para la ambigüedad y muy pocos componentes políticos, aparte de las discusiones obvias de equidad y acceso.
En este sentido, las salidas de corto plazo que pueden remediar la urgencia están lejos de llegar a ser la solución de fondo a los graves problemas del sistema. Los inconvenientes que enfrenta Transmilenio no son eventos meramente aleatorios, son contingencias cuya anticipación pudo haber sido previsible y que bajo el curso normal de políticas públicas consistentes, técnicamente confiables y coherentes en el tiempo, se hubieran podido evitar.
Andrés F. Jola Sánchez
Instructor asociado, Kelley School of Business, Indiana University
andres.jola@gmail.com
