Ni el Estado es tan grande para poder dar soluciones a todas las necesidades de las personas, ni tiene el presupuesto o los recursos para hacerlo.
Sobre esta lógica se escribió la Constitución de 1991 y sus normas, logrando que los derechos pudieran ser satisfechos por los sectores público y privado, aumentando el alcance de las políticas y logrando una mejor efectividad de éstas.
Este rol del sector privado ha sido el centro del debate entre las mal llamadas izquierda y derecha en las últimas décadas porque, para algunos, la “privatización” de los servicios sociales los lleva a ser negocios, que generan utilidades, cosa que no debe pasar, pese a ser necesario para su continuidad.
Diversos sectores de la izquierda han liderado esta posición desde los 80’s y ahora, con un gobierno progresista, hay un “deseo” de volver a esa Colombia, donde el Estado era el garante y proveedor de los servicios sociales, bajo la premisa de eliminar la intermediación en salud y tener un sistema pensional tradicional.
Siendo ecuánimes, es imposible que volvamos a 1988 porque estamos en otro mundo, en otra economía y con otra población. Es cierto que el sistema de salud de hoy es más sólido y al volver a un modelo anterior quizás se puedan aprovechar la cobertura, las redes y el conocimiento adquirido para hacerlo mejor; también es evidente que el pasivo pensional es enorme y la solución en el corto plazo es esquiva, más aún sumando a millones de trabajadores que no cotizaron y que necesitan de una pensión en su vejez.
Es cierto, que hemos reducido muchos problemas, pero no los hemos solucionado todos; más no debemos negar los enormes logros del sistema de salud actual ni el impacto del ahorro pensional en la economía colombiana.
Todo cambio genera crisis y toda crisis, oportunidades; a menos que la crisis sea tan radical que destruya el cambio mismo. Así, las reformas y el cambio que propone el Gobierno parecen más un retroceso que un progreso, como si quisieran volver al pasado, con las capacidades del presente, en un entorno totalmente diferente.
De hecho, es llamativo que las reformas a salud, pensiones y laboral no vayan de la mano, pese a saber que están completamente relacionadas.
Es comprensible que al representar las ideas de izquierda que no han sido escuchadas, el Gobierno quiera llevarlas a cabo y la opinión pública, los medios y los partidos políticos se hayan dedicado a evitarlo, causando una radicalización inevitable en imponerlas, reduciendo el espacio de diálogo, consensos y acuerdos.
Gustavo Petro es el presidente y, gústenos o no, debemos apoyarlo en su mandato. Debemos aplaudir las ideas que consideramos buenas y señalar los problemas de las que consideramos malas, planteando soluciones, alternativas -y canales de concertación-, no atacando el cambio desde la defensa de la continuidad, sino construyendo desde lo logrado. Hablemos.
CAMILO HERRERA MORA
Fundador de Raddar
