nes económicas del Congreso de la República aplazaron para el próximo martes la continuación de la discusión sobre el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2025. El pasado miércoles, las mismas unidades legislativas de ambas cámaras, en un hecho casi sin antecedentes negaron el aval al monto de $523 billones de la propuesta original del Gobierno Nacional.
Esta prácticamente inédita decisión de los legisladores tiene la iniciativa presupuestal en el ‘limbo’, pero pudo ser perfectamente evitada por la Casa de Nariño. La insistencia de la administración Petro en impulsar un presupuesto para el año entrante que se encuentra abiertamente desfinanciado, en mínimo $12 billones, es la principal responsable del estado incierto en el que se encuentra hoy el marco presupuestal.
A lo anterior se debe añadir la presentación, también esta semana, de una segunda reforma tributaria del Gobierno que pretende ‘cerrar’ ese ‘hueco’ en el PGN por vía de hacerle el quite al mecanismo de la Regla Fiscal, subir los impuestos a las industrias extractivas, juegos de azar y renta de personas, y supuestas mejoras en la operatividad tributaria. La radicación de ese proyecto de ‘ley de financiamiento’ fue interpretada por congresistas como una imposición del Ejecutivo, tanto del presupuesto desfinanciado como de una nueva alza de impuestos.
La discusión de las semanas recientes sobre el Presupuesto ha permitido tener al Congreso de la República en un rol de contrapeso a la Casa de Nariño. Las crecientes preocupaciones de un importante bloque de parlamentarios en el Senado y en la Cámara sobre las finanzas públicas y sobre la estrategia gubernamental para manejarlas se han traducido en un ejemplo de cómo el poder Legislativo puede equilibrar las intenciones del poder Ejecutivo, esto es, balance de poderes públicos.
La decisión de las comisiones económicas en el Parlamento no fue caprichosa ni producto de un día, sino el resultado de numerosas advertencias desde distintas tendencias políticas, no exclusivamente desde los opositores declarados. Por varias semanas un puñado de legisladores levantaron sus dudas sobre las ‘cuentas alegres’ del Gobierno Nacional para el 2025. Asimismo, le recordaron al equipo económico que el presupuesto para 2024 fue aprobado el año pasado bajo promesas, expectativas y compromisos- incluidos los litigios y la gestión de la Dian- que terminaron incumpliéndose y terminaron en recortes.
El mensaje que el Congreso le envió esta semana a la Presidencia fue contundente. En vez de caer en los acuerdos y transacciones, propias de una discusión legislativa de esta naturaleza, los congresistas críticos señalaron públicamente los efectos de aprobar un presupuesto desfinanciado, así como el llamado al Gobierno a ajustarlo a la realidad económica.
Desafortunadamente, la reacción de la administración -y del presidente de la República, Gustavo Petro- no ha estado orientada al ajuste que solicitan los parlamentarios. Al contrario, el primer mandatario ha insistido en mantener el monto original desfinanciado, radicó su segunda alza de impuestos y anunció que, de no ser aprobado, expediría el Presupuesto por decreto. Esto último acarrearía un pésimo mensaje a los mercados internacionales y al costo de la deuda. En conclusión, el valioso y democrático papel de contrapeso del Congreso en el debate presupuestario debe conducir ahora, a los legisladores como al Gobierno, a concertar un Presupuesto financiado y sostenible.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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