Esta semana la Corte Constitucional declaró inexequible el parágrafo del artículo 19 de la reforma tributaria del 2022 que prohibía la deducción de las regalías del impuesto de renta de las empresas dedicadas a la explotación de recursos naturales no renovables.
De acuerdo a las cifras del Ministerio de Hacienda, esta medida le significaría al fisco $3,38 billones este año, $2,79 billones el 2024 y $2,2 billones en 2025. En otras palabras, duro revés para el Gobierno.
La acertada decisión del máximo tribunal acogió una tesis que se discutió en medio de los debates parlamentarios de la reforma tributaria. Las regalías que se pagan por explorar y explotar petróleo y carbón no constituyen ingresos por los que las empresas deben pagar renta, sino que integra un pago obligatorio para poder desarrollar esa actividad económica.
A pesar de las alertas que el sector minero-energético expresó en su momento, el Ejecutivo hizo caso omiso de estas e impulsó esta prohibición con efectos negativos para el ambiente de inversión. Junto a otras normas impositivas, la no deducibilidad de las regalías terminó por elevar la tasa efectiva de tributación de las compañías mineras y de hidrocarburos, generando inseguridad jurídica y cambios de reglas del juego, así como la pérdida de competitividad y atracción a las inversiones futuras.
El fallo despeja incertidumbres para un sector tan crucial en las finanzas públicas y el crecimiento económico, y en términos de las cuentas públicas ya produce ajustes y recortes presupuestales. De hecho, el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió con un trino en X con un mensaje con tono retaliativo: “Le toca al Ministerio de Hacienda … recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público”. La molestia presidencial es evidente: “Se les regalan impuestos a las empresas petroleras y carboneras”.
Se equivocaría mucho la Casa de Nariño de continuar un camino de enfrentamiento con la Justicia, en especial con la Corte Constitucional. La economía no está para aguantar la incertidumbre que generan choques de trenes, sino para desplegar de forma conjunta, entre actores públicos y privados, una urgente estrategia de reactivación de las actividades productivas. Esa debe ser la prioridad.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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