Es gravísimo que en una economía se desconozca la importancia de las instituciones, por medio de cuerpos colegiados independientes, para su buen funcionamiento y la asignación eficiente de sus recursos con el mayor bienestar social. Pero es mucho más grave aún cuando quien lo desconoce es el mandatario de esa economía.
Si algo nos han enseñado las economías industrializadas en tiempos de crisis y alta incertidumbre, es que unas instituciones sólidas e independientes ayudan a la credibilidad y a estabilizar dicha incertidumbre.
Mientras que el Presidente con su discurso populista se hace ver como la solución de las clases más vulnerables y desprotegidas por medio de promesas con subsidios otorgados y el establecimiento de precios tope, lo cual no es sostenible en el mediano y largo plazo, con sus hechos, como por ejemplo: “El Presidente retoma las funciones de administración y vigilancia que estaban delegadas desde 1994 en comisiones reguladoras…” sigue destruyendo la inversión productiva y dando señales erráticas y de desconfianza al sector privado.
La Ley 143 de 1994 surge frente al apagón de 1992, cuando la prestación del servicio de electricidad estaba a cargo del Estado. Promueve la libre competencia en las actividades del sector eléctrico, al tiempo que impide prácticas de posición dominante en el mercado, incentivando la participación de inversionistas privados y, a pesar de los fenómenos de El Niño, fuerte en Colombia en 2009-1010 y en 2015-2016. Gracias a la institucionalidad se ha garantizado la confiabilidad en la prestación del servicio.
No podemos olvidar que en todo el mundo, donde los servicios públicos domiciliarios han tenido un desempeño satisfactorio presentando el mayor bienestar social, se debe a los incentivos e importancia que ha tenido el sector privado, para realizar las inversiones necesarias que el estado solo no sería capaz de hacer. No obstante, esto ha sido gracias al papel de unas instituciones sólidas e independientes, proveyendo las señales claras para realizar dichas inversiones y, en un entorno donde tanto el sector público como el privado, complementariamente, se ha dedicado cada uno a lo que le corresponde.
La experiencia en los principales mercados eléctricos internacionales: Estados Unidos, Europa, Australia, nos ha enseñado que el papel del regulador es garantizar seguridad jurídica, con reglas eficientes y estables y, por tanto, debe focalizarse en determinar los principios claros que ayuden a una prestación eficiente del servicio, con una intervención mínima de regulación para incentivar la competencia y que, simultáneamente no impida indebidamente el surgimiento de nuevos agentes y modelos de negocios en el mercado, que son a largo plazo el interés de los consumidores y nuevos agentes, dados los cambios disruptivos presentados en esta industria.
John Garcia Rendón
Profesor. Investigador
Universidad EAFIT
