El de servicios educativos es un mercado parecido a los demás, donde los precios relativos distorsionan las decisiones de los demandantes.
En Colombia son cada vez más los estudiantes que deciden cursar posgrados en el exterior, en respuesta a la percepción de que los locales son relativamente caros.
Otro ejemplo de dichas distorsiones es lo que tradicionalmente ocurre con algunas universidades públicas, que han sido la opción para muchos estudiantes de posgrado por su menor precio.
En la Universidad Nacional, el incremento en la matrícula de posgrado ha venido asociado con una disminución en el número de estudiantes que aplican a los mismos.
La anterior es una situación preocupante, porque de intensificarse, pone el riesgo la capilaridad de la educación pública, que no es más que la capacidad del Estado para garantizar la oferta de conocimiento de todo tipo y a todos los niveles, generando externalidades positivas para la sociedad.
Un análisis ligero, que ya resuena entre algunos, es que el anterior fenómeno es un trivial cumplimiento de la ley de demanda, por lo que la respuesta es evidente: reducir el precio de los posgrados en las universidades públicas para conservar una alta demanda. Como veremos, lo anterior sería inequitativo e ineficiente.
En primer lugar, una eventual reducción en el precio de las matrículas de posgrado a costa de mayor gasto, lejos de ser una reivindicación social, es fiscalmente regresivo. Un subsidio a la educación superior de pregrado no es comparable con uno para posgrados.
Las personas que aplican a subsidios de posgrado son, por definición, profesionales con título de pregrado, que en un país como Colombia suelen estar entre el 25% de la población con mayores ingresos. Tomar dineros del erario público para invertirlos en la población más rica es un contrasentido, que viola los principios de equidad que deben regir el gasto público.
En segunda medida, hay un tema de calidad y de autorregulación que no es menor. Poner los posgrados públicos al mismo costo de los privados es la herramienta más poderosa para controlar su calidad. Someter en igualdad de condiciones a las universidades al escrutinio del demandante, garantiza que el criterio de diferenciación sea la calidad y no el precio.
Lo anterior repercute en mejores unidades de posgrado en nuestras universidades públicas.
En mi opinión, los posgrados de naturaleza pública no deberían desaparecer, pero su subsistencia debería desligarse del paternalismo subsidiario del Gobierno y fundamentarse en su misma capacidad para hacerse elegir. Para ello, los posgrados públicos deben ser más compasivos con el mercado y competitivos en sus tiempos y calidades, con tal que la gente los elija por una razón distinta a ser más baratos.
Solo así podremos alcanzar los niveles de calidad que nos permitan competir con los posgrados internacionales, cada vez más al alcance de todos.
