La virtud de la educación pública se diluye cuando se convierte en un bien exclusivo de unos cuantos privilegiados.
Un eterno debate de las políticas públicas revive: si repartir los recursos escasos en porciones más grandes para menos gente, o si hacerlo en porciones más pequeñas para más beneficiarios.
Es allí donde brota la genialidad de más de un estudiante en paro, que afirma que la solución es aumentar los recursos públicos y mantener inalterado el giro por estudiante. Evidentemente se puede incrementar el tamaño de la torta, tanto como los impuestos de un país en vía de desarrollo lo permitan, pero la disyuntiva sigue siendo la misma.
Ampliar cobertura en las dimensiones requeridas para Colombia supone, de cualquier manera, reducir el aporte por estudiante hecho por el Gobierno.
¿Significa lo anterior que la conquista de cobertura se logra a costa de la calidad? No. Se puede mantener los recursos por estudiante acudiendo a fuentes de financiamiento alternativos, que no son muchas, ahora que el ánimo de lucro fue satanizado y el sector privado excluido de la foto. Son específicamente dos, ambas asociadas al estudiante: trasladar una mayor carga mientras estudian o trasladarla una vez estén graduados.
La primera es justa, si se excluye la población más pobre. El estudiante que pueda pagar más por la educación pública debe hacerlo.
Aquel con capacidad de pago, pero con restricciones de liquidez, debe encontrar mecanismos de financiación con créditos blandos, como los ofrece el Gobierno en su reforma. Ser admitido en una universidad pública no puede ser premio para las familias adineradas, que cínicamente ven en ello un ahorro sobre un servicio que estarían dispuestos a pagar en el mercado.
La segunda fuente ha sido subestimada.
Los egresados de las universidades públicas podemos y debemos aportar recursos al sistema. Es posible encontrar un mecanismo mediante el cual quienes reciban más de cierto nivel de ingreso, devuelvan al país la totalidad de los recursos que el Estado invirtió en su educación.
Si se trata de 60 millones de pesos, una contribución por 10 años de no más del 10% de los ingresos mensuales de quienes ganan más de 5 millones de pesos lo solventaría.
En mi opinión, la única manera de afrontar los desafíos sociales de un país como Colombia es generando mecanismos de movilidad social que permitan a los de menores recursos derrotar la trampa de la pobreza. La ampliación de la cobertura en educación superior es perentoria para ello, por lo que las ambiciosas metas del Gobierno son bienvenidas.
Para lograrlo, es evidente que se necesita la inyección de nuevos recursos, pero si el crecimiento de los cupos supera el responsable esfuerzo fiscal, el aporte público por estudiante debe caer convocando nuevas fuentes de financiamiento. Muchos estudiantes pueden hacer un esfuerzo adicional y los ex alumnos tenemos mucho por aportar.
