Son múltiples los obstáculos para llegar a un acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana. Ya se cumplió un año del inicio de las negociaciones y hasta ahora se han alcanzado acuerdos en los dos primeros puntos de la agenda: política de desarrollo agrario integral y participación política. Bien vale la pena hacer el esfuerzo de superar los obstáculos que quedan para lograr un acuerdo completo en un tiempo razonable. El beneficio del acuerdo de paz que tendrá para la inmensa mayoría de colombianos será superior a los costos de su implementación. Sin embargo, esos costos de implementación deben calcularse, tener claro cómo se van a financiar y adecuar las instituciones que tendrán la responsabilidad de ponerlos en marcha.
Solo en el primer punto de la agenda, política de desarrollo agrario integral, aparecen enormes tareas a ser desarrolladas por el Estado que requieren recursos e institucionalidad: la creación de un fondo de tierras de distribución gratuita; el subsidio integral para compra de tierras y líneas especiales de crédito; un plan masivo de formalización de la propiedad rural que será gratuito; la creación de la jurisdicción agraria; la formación y actualización del catastro rural; incentivos para promover la reconversión productiva; un plan para delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ambiental; la reconstrucción de la red de vías terciarias; la corrección del déficit en electrificación y conectividad en comunicaciones; la ampliación y recuperación de la infraestructura de riego y drenaje; un nuevo modelo de salud que atienda las zonas rurales dispersas; la atención integral a la primera infancia, garantizar cobertura, calidad y pertinencia de la educación, y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales; educación técnica, tecnológica y superior pertinente y articulada con las necesidades del sector productivo; el fortalecimiento y promoción de la investigación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico para el sector agropecuario; un plan de vivienda, agua, y saneamiento básico; el fomento de la economía solidaria y cooperativa rural; la asistencia integral técnica, tecnológica y de estímulo a la investigación; un plan para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía campesina; un plan para promover condiciones adecuadas para la comercialización de los productos, y el fortalecimiento del sistema de protección y seguridad social de la población rural.
El Plan de Desarrollo del Gobierno que resulte elegido en las próximas elecciones presidenciales debe precisar cómo se van a financiar y a ejecutar los acuerdos alcanzados.
En cuanto a la financiación, esta, sin duda, deberá ser el resultado de una combinación de reasignación del gasto público y mayores impuestos. Esa reasignación implica recortar el gasto o parar el crecimiento en algunos renglones. Con respecto a mayores ingresos, se va a requerir una nueva reforma tributaria. Para todo lo anterior, se va a necesitar un gran liderazgo y poder de persuasión del equipo del nuevo Gobierno Nacional, trabajando de la mano con el nuevo Congreso de la República.
En cuanto a la ejecución, se deberá practicar una alta cirugía a algunas de las instituciones del Estado para que tenga la capacidad de cumplir con los compromisos de manera eficaz, eficiente y proba. Si la negociación fracasa, ojalá que no suceda, muchas de las tareas deberían efectuarse de todas maneras, luego, el Estado no se salva de la responsabilidad.
José Leibovich
Consultor independiente
