La Ley General de Educación de 1994 consagró en su Art. tercero el derecho de los particulares a fundar establecimientos educativos en las condiciones que para su creación establezca el Gobierno Nacional.
No podía ser de otra manera. De una parte la ley reconocía un hecho que por décadas ha contribuido a llenar el espacio que el Estado ha dejado vacío y, de otra, la iniciativa privada en este, como en otros ámbitos de la sociedad, es legítima en cuanto tiene de contribución al interés general y al desarrollo de la libre empresa.
A eso no hay por qué temerle. Sin embargo, que los particulares asuman la gestión y la dirección de un porcentaje tan importante de la oferta (al menos el 35% en educación básica y media) no significa lo mismo que si lo hacen cuando construyen carreteras o tienden redes eléctricas, porque la educación constituye un elemento integrante y esencial de la sociedad humana, y es la clave para el desarrollo social y la movilidad de los ciudadanos.
Es por eso que, junto con la administración de justicia, el patrimonio de las armas y la salud, la educación es uno de los campos de responsabilidad del Estado que no puede delegar en manos de cualquier particular, sin que sea el propio Estado el que revise y reflexione sobre el detrimento de la equidad social y el debilitamiento de los principios democráticos que deben sostener una sociedad.
Si a lo anterior se suma el hecho de que el abismo en educación básica y media entre los colegios privados y los oficiales es cada día más hondo, la pregunta sobre la responsabilidad pública del sector privado es pertinente, y urgente.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno por alcanzar cobertura universal en la educación primaria (97%) y de poner en el centro de la agenda nacional la discusión sobre la calidad del servicio, no es un misterio para nadie que los estudiantes de los colegios oficiales no pueden competir en igualdad de condiciones con los de los privados por razones de distinta índole: densidad estudiantil, doble jornada escolar, cualificación docente, recursos pedagógicos, etc.
Eso para no mencionar la paradoja que valientemente expresara hace pocos días el Rector de U. de los Andes, en el sentido de que muchos de los protagonistas de la corrupción nacional han pasado por las mejores universidades, y por los mejores colegios, le faltó agregar.
Es por eso que sería interesante que un porcentaje de la matrícula de los colegios privados fuera público.
Soy consciente de los prejuicios sociales que de lado y lado existen, los mismos que hay que desbaratar.
A través de unas reglas de juego claras y un plan de financiamiento que involucre al propio colegio que se postule, se crearía la siguiente escena, hoy absolutamente imposible: un golfista de fin de semana, le pregunta a su cadi por su colegio. Estoy muy contento doctor, el mismo de su hijo.
