Días antes de anunciar la cuarentena que iniciaría el 24 de marzo, el gobierno del Presidente Duque entendió que el Estado iba a ser de ahí en adelante, y por un buen rato, más necesario que el mercado. Y no nos equivocamos y los colombianos reconocen esta acción oportuna.
Lo que seguía era poner en marcha acciones del gobierno para que el Estado ocupara espacios que el mercado ya no era capaz de ocupar. Nuestras acciones se fundamentan en dos prioridades: garantizar la salud de la mayor cantidad de colombianos, y garantizar la subsistencia de las personas que no podrían trabajar.
Para lograrlo, el Ministerio de Hacienda ha hecho un enorme esfuerzo para conseguir –en menos de un mes– recursos por 1,5% del PIB, que se están invirtiendo con estas dos prioridades en mente. Programas de ayudas a hogares se expandieron y otros fueron creados en tiempo record, y estamos fortaleciendo la capacidad del sistema de salud y la capacidad de hacer pruebas.
Sabemos que esto apenas comienza. Esta semana me reuní con Alicia Bárcena de la CEPAL, quien nos recomendó destinar el 6% del PIB para atender la pandemia. Su recomendación es más que oportuna y seguiremos haciendo esfuerzos para cumplirles a los colombianos.
Nuestro gobierno ha sido muy técnico atendiendo el impacto de esta pandemia sobre la salud y las condiciones económicas de los colombianos. El DNP ha calculado que 15 millones de ocupados (formales e informales) en todos los niveles de ingreso serán afectados por el cierre económico. Ya cuantificamos que, a pesar de las ayudas ofrecidas por el gobierno nacional y los gobiernos locales, si no nos esforzamos por salir de la parálisis completa, en tres meses la pobreza aumentará en un 8,5%.
Eso no significa que las ayudas a las personas que lo necesitan (muchos en la informalidad) paren. Hasta que podamos reactivar su ingreso sin comprometer su salud, el Estado seguirá presente.
Pero también sabemos que Colombia no es un país rico, y que mantener ayudas indefinidamente es inviable para un país que necesita volver a caminar. El 27 de abril no es un día meta, porque para caminar con firmeza se necesita aprender a gatear con seguridad. Eso aprenderemos a hacer el 27.
Reiniciaremos actividades económicas en empresas que nos garanticen riesgo mínimo a la salud de sus empleados y abriremos bajo condiciones rigurosas, los municipios donde los contagios sean iguales a 0. La primera acción solo la podemos asegurar acreditando empresas formales y la segunda en alianza con gobiernos locales. El Presidente lidera un proceso de retomar la marcha con flexibilidad, y estoy segura que si es necesario volveremos a cerrar.
El gobierno colombiano no tiene la meta de volver a caminar como antes, sino de caminar en grande: repotenciaremos nuestro aparato productivo y el empleo.
La digitalización y la conectividad son factores en los que este gobierno y los venideros tendremos que profundizar para facilitar el acceso a la educación universal, la salud y la justicia.
Ya la bola de la “nueva normalidad” está rodando. La administración pública está aprendiendo a apalancarse en lo digital para ser más eficiente; las empresas están evolucionando hacia la optimización de procesos internos y externos; y el gobierno será el articulador, eliminando barreras y brechas de acceso a la digitalización.
No es momento para pesimismos, ni profecías macabras. Debemos vivir un día a la vez, con serenidad e inteligencia. Hemos agrandado la intervención del Estado porque por hoy, y mientras esta pandemia dure, será necesario.
Pero le apuntamos a que el Estado colombiano burocrático, ineficiente y poco transparente sea cada vez menos viable.
Mientras tanto, un mercado dinamizado por la demanda agregada con medios digitales y por la oferta de más emprendedores, empresarios consolidados y cooperativas campesinas orientados a las exportaciones, será cada vez más posible.
Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta de Colombia
