El debate del proyecto de reglamentación de las regalías en las comisiones del Senado ha generado controversia por la distribución de los recursos y el insólito incremento de proposiciones a los 155 artículos.
Se estima que en los próximos ocho años, los dineros de regalías serán de $94,8 billones, más del doble de los $46,6 billones generados entre el 2000 y el 2011.
El 10% de los recursos se destinarán a inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), por lo que se espera que con esta nueva fuente de financiamiento, la inversión pública y la privada en actividades de investigación e innovación se triplique para aproximarnos a un 0,3% del PIB por año, según las metas del Gobierno –muy por debajo del 2% sugerido por el Gobierno Gaviria en 1993–.
Cabe resaltar la iniciativa de Colciencias de analizar patrones internacionales y evaluar su desempeño. En el seminario ‘Pedro J. Amaya’, se hizo una comparación con el caso chileno del ‘royalty Minero’ o impuesto específico a la actividad minera, decretado en el 2005, similar al caso colombiano de la reforma a las regalías. Allí se presentaron, como parte de las principales dificultades reconocidas por los actores chilenos, la falta de transparencia y criterios de impacto al distribuir los recursos a proyectos regionales y nacionales de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I); así como las limitaciones de recursos humanos.
En esto último, Colombia debe hacer una reflexión sobre la manera como podemos llenar este vacío, pues no basta con asignar más recursos, es indispensable formar e importar el capital humano que garantice el desarrollo de proyectos innovadores y tecnológicos para reducir la brecha de conocimiento y de competitividad frente a economías emergentes de la región y otras más desarrolladas.
Aunque hoy existan más recursos para invertir en I+D, debe haber una visión sistémica en la que las instituciones, la infraestructura de la innovación, la aplicación empresarial y el recurso humano, estén en armonía para evitar que los nuevos recursos se despilfarren a nombre de la innovación.
Para desarrollar una verdadera política de Estado hacia el conocimiento; la formulación del plan adecuado para CTI; favorecer la proyección e inserción estratégica del país en el sistema internacional es urgente corregir, como lo propusimos los autores de la ley 1286/09, las persistentes duplicidades y conflictos institucionales que generan un marco jurídico inestable y dificultan la definición de políticas y coordinación interinstitucional.
Preocupa que dos años y medio después de expedida la Ley, la duplicidad sigue siendo una realidad que impide el fortalecimiento de todo el sistema, lo que repercute en la ausencia de identificación del personal y de los proyectos que impulsen al país hacia una cultura por la innovación, que involucre con criterios de competitividad a las ramas de las manufacturas, motor fundamental de la economía, el empleo y el desarrollo.
La mayor articulación entre educación básica y superior generando focos de innovación y fomentando los spin off universitarios debe convertirse en la herramienta de mediano y largo plazo para el desarrollo de las generaciones venideras. La convicción de que el emprendimiento es el camino para el bienestar futuro, cuenta ahora con la palanca de la innovación, pero el uso de dichos recursos debe responder a estrictos criterios técnicos y a indicadores de gestión. Por ello debe darse al Departamento de CT de Colciencias la autonomía y fortaleza previstas en la Ley si no queremos que el tren del conocimiento siga sin parar en la estación llamada Colombia.
