El Gobierno prepara, a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND), un revolcón de los sistemas de transporte masivo de todo el país.
Así lo señaló a Portafolio Ángela María Orozco, ministra de Transporte, quien explicó que buscan salvar varios de los contratos de transporte público que hoy están en reestructuración o en quiebra, además de incentivar el uso de energías limpias.
Orozco también anunció los planes para potenciar la red férrea y mejorar las vías terciarias.
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¿Qué incluye el PND para fortalecer la infraestructura de transporte?
Lo más interesante es que hasta el 60% del total de las multas de tráfico las pueden usar los alcaldes para financiar o subsidiar las tarifas de sistemas de transporte masivo.
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¿A dónde van esos recursos actualmente?
Es que ni siquiera se estaban cobrando porque no había interés en hacerlo. De hecho, solo el 3% de las multas que se imponen en el país se cobran. La cifra de comparendos es muy alta y puede haber una fuente de recursos bien interesante, que podría ser usada para financiar los sistemas estratégicos de transporte.
¿Cuánto dinero podría salir de esas multas?
Los colombianos deben por concepto de multas de tráfico unos $5,2 billones.
¿En qué va el plan para incluir el cobro por valorización?
Está un borrador de decreto, que ha sido fuente de mucha discusión. Otra posibilidad que tenemos es utilizar algunas zonas de las terminales de transporte para explotación comercial y que todo eso sirva para financiar los sistemas de transporte.
Todas esas alternativas están previstas pero no ha habido, de momento, una implementación exitosa.
Otras opciones planteadas en el PND son las tasas por congestión, y los cobros de parqueo.
¿Cuándo se empezarían a implementar esas nuevas fuentes de financiación?
Las que ya existen no tenemos que esperar a que se aprueben, porque vienen del plan vigente. Pero hay otros puntos que se empezarán a discutir con el nuevo PND. Por ejemplo, hay un artículo en el que damos la facultad para que se renegocien los contratos de sistemas de transporte masivo del país.
Eso es porque si no reconocemos sus dificultades, vamos a tener un sistema donde los operadores de transporte público van a estar quebrados y no hay nada qué hacer.
¿Eso es lo que está pasando actualmente con el SITP en Bogotá?
Esa es la complejidad. A ninguno de nosotros nos sirven unos sistemas inflexibles, en los que estén quebrados los operadores o los concesionarios.
¿Hay otras iniciativas para hacer más sostenibles los sistemas de transporte masivo?
Sí, otro punto que logramos es la exención de IVA en la Ley de Financiamiento, no solo para vehículos de servicio público de carga, sino para los sistemas de transporte de pasajeros.
Ahí se ve la decisión estratégica del Gobierno de hacer viables y sostenibles los sistemas estratégicos de transporte públicos.
En cuanto a las vías terciarias, ¿qué planes hay para mejorar su estado?
‘Colombia Rural’ es uno de los programas y en el Presupuesto ya se le asignaron $500.000 millones, que serán administrados por el Invías.
Nosotros venimos diseñando con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) un tema de priorización de vías, en el que buscamos sumar recursos propios, de regalías y de obras impuestos para lograr una mayor cobertura; porque está claro que los $500.000 millones para 142.000 kilómetros de vías terciarias no son suficientes.
¿La red férrea también tiene algunos beneficios?
Uno de ellos es que los corredores férreos tengan la posibilidad de ser más pequeños de lo que la ley indica. Eso es porque sería muy costoso exigir para la recuperación de la red férrea, la compra de más predios.
El artículo del Plan de Desarrollo dice que esa franja puede ser mucho menor y eso nos permite abaratar costos. La meta es tener 1.777 kilómetros de corredores férreos en operación comercial, y en eso tiene mucho que ver con lo que adelantemos en La Dorada-Santa Marta.
¿Cómo se va a llevar a cabo el multimodalismo?
Para el año que viene, el reto es mirar toda la legislación integral del código de comercio, la ley de transporte y de contratos, etcétera, con el fin de fomentar que un contrato cubra la responsabilidad de los tres trayectos (carretera, tren y fluvial). Para eso, la idea es mantener esos más de 1.700 kilómetros de vía férrea en operación comercial con la navegabilidad del río Magdalena, teniendo en cuenta que licitamos la APP en el segundo semestre del año. Con eso, podríamos hacer real el multimodalismo.
¿Cuáles son las necesidades que tiene hoy el sector de infraestructura en términos de inversión?
Solo en el Plan Maestro de Transporte Intermodal hay 65 proyectos priorizados, como las plataformas logísticas regionales, el corredor Buenaventura-Puerto Carreño, o nuevos ferrocarriles, por ejemplo. La idea es buscar todas las alternativas posibles para que se puedan ejecutar algunas de esas iniciativas.
¿Qué va a pasar con las plataformas digitales de transporte de pasajeros, que ahora incluyen motos y hasta scooters?
Cuando uno mira la reglamentación de las ciudades que han sacado normas al respecto, han hecho que esas empresas se registren como compañías de transporte, no como plataformas. Desde ese punto de vista, lo que es claro es que hay que revisar cómo aliviarle las cargas a los actores hoy legales, como los taxistas, e imponer cargas a las nuevas plataformas.
Ese tipo de plataformas han dicho varias veces que están dispuestas a pagar impuestos...
Estamos revisando la institucionalidad del Ministerio. Estamos haciendo unas consultorías con la banca multilateral y revisando la legislación para ver cómo se saca una regulación que tenga unas reglas juego claras y que no permitan la competencia desleal.
Entonces, ¿van a buscar regularlos?
Lo que digo es que la normativa pasará por una revisión de la regulación existente y eso me toca trabajarlo con todos. Yo estoy en la posición de lograr un sector de transporte individual eficiente.
María Camila González Olarte
marola@eltiempo.com
