Aumentar escalonadamente la edad de pensión, reducir la tasa de reemplazo, permitir que haya personas que se jubilen con el 75% de un salario mínimo y suspender las nuevas afiliaciones a Colpensiones para que se vaya marchitando el esquema público, son las propuestas de Anif para una reforma estructural al sistema pensional.
El centro de estudios, dirigido por Sergio Clavijo, presentó dicho planteamiento ante la ‘Comisión de Protección a la Vejez’, instalada para el Gobierno con el fin de tomar los comentarios de distintos actores para lo que debe ser un ajuste al sistema.
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Según Anif, si bien su propuesta tiene un impacto fiscal moderado en el corto plazo (16,4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de aquí al 2050), la realidad es que el efecto se percibirá más notoriamente con el paso del tiempo. Esto, si se tiene en cuenta que plantea una transición amplia (entre 10 y 15 años), con el fin de respetar los derechos adquiridos. “Con este tipo de propuestas creemos estar logrando un ‘justo medio’ entre los horizontes de tiempo ‘urgentes’ que solemos presentar los economistas y los horizontes usualmente demasiado largos en que piensan los congresistas”, dice.
Contrario a lo que ha planteado el Gobierno, que insiste en enfocar los esfuerzos a apoyar a la población mayor que no logró las condiciones para una mesada (de ahí lo de protección a la vejez), Anif plantea ajustes estructurales a los parámetros para las pensiones.
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El primer cambio que plantea es aumentar cinco años la edad requerida para pensionarse, con lo cual pasaría de 57 a 62 años en el caso de las mujeres, y de 62 a 67 años para los hombres, aunque dicho incremento sería gradual.
Por su parte, el presidente Iván Duque Márquez ha reiterado que el Gobierno no apoyará un incremento de la edad de jubilación de los colombianos.
Anif calcula que la reducción en el tiempo de disfrute de la pensión (pasaría de 30 a 25 años, en promedio), generaría un alivio fiscal de 7,4 puntos del PIB entre 2020 y 2050, que en los siguientes años se elevaría a 16,7 puntos.
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El segundo ajuste propuesto tiene que ver con la tasa de reemplazo, es decir lo que una persona recibe de pensión como proporción del salario con el que aportó. Actualmente está, en promedio, en el 65 por ciento (aunque puede ser más alta en el caso de personas que hayan cotizado más semanas), y Anif propone reducirla en 20 puntos porcentuales, a 45 por ciento “que es la cifra que actualmente pueden garantizar portafolios invertidos a tasas del orden del 6 por ciento real por año durante 25 años de cotizaciones”.
Algo similar se plantea cuando se trata de cotizaciones de un salario mínimo (en las que la tasa de reemplazo es el 100 por ciento, pues por ley y, constitucionalmente, no puede haber pensiones inferiores a un mínimo).
Para el centro de estudios económicos, sería deseable que la pensión mínima se pudiera reducir al 75 por ciento del salario mínimo mensual vigente, como ocurre en Chile. Lo mismo aplicaría para la pensión sustitutiva a los sobrevivientes, con excepción en aquellos casos en los que los beneficiarios sean menores de 25 años.
Señala además que “no podemos llamarnos a engaños en cuanto a la necesidad de reformas paramétricas en estos frentes fiscales. Sus correctivos son de alta magnitud, solo que sus beneficios tomarán tiempo en aflorar por cuenta de la prolongada transición”.
Añade que si bien sus efectos fiscales lucen distantes, “estos se justifican principalmente por la mayor equidad y el alivio de un 1 por ciento del PIB por año en el flujo de caja presupuestal una vez absorbida la transición”.
MIENTRAS TANTO…
Como los principales beneficios de esta propuesta se ven en el largo plazo, Anif plantea otras medidas de corto tiempo que no generan presión en las finanzas públicas.
Por ejemplo, señala que los recursos que se han acumulado en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, administrado por los fondos privados de pensiones y que hoy tiene unos 20 billones de pesos, deben ser utilizados para otorgar rentas vitalicias a muchos cotizantes a quienes sus aportes no les alcanzaron para lograr una pensión de al menos un salario mínimo
“Los 20 billones acumulados alcanzarían para cubrir a cerca de 500.000 personas en edad de pensión. Con ello se lograría aumentar en cerca de un 10 por ciento la cobertura del sistema pensional de manera inmediata (llegando a cerca del 35 por ciento) y con la bondad de hacerlo sin costo fiscal”, dice el centro de estudios, y añade que Colpensiones debería empezar a construir su propio fondo de garantía de pensión mínima.
Otra propuesta de Anif es que Positiva Seguros sea garante de las rentas vitalicias (negocio en el que la presencia de aseguradoras privadas no existe) y asuma los riesgos de deslizamiento del salario mínimo por encima de la productividad laboral, y la inseguridad jurídica que se da por la extensión de beneficios pensionales que no podían anticiparse.
Sin embargo, coincide en el planteamiento del Gobierno de fortalecer el programa Colombia Mayor, para que cubra a más adultos mayores en situación de vulnerabilidad y aumente los subsidios para que se acerquen al menos a la línea de pobreza extrema (117.600 pesos al mes, frente a 40.000-75.000 pesos de hoy).
De todas maneras, advierte que es fundamental ir trabajando en una reforma estructural laboral para elevar la formalidad, especialmente en los jóvenes, quienes enfrentan desafíos crecientes por la situación actual de los trabajos.
Aquí, plantea una mayor reducción de los costos no salariales, y un salario mínimo diferenciado para los jóvenes en etapa de aprendizaje.
En materia educativa, Anif propone que los estudiantes puedan elegir entre el bachillerato clásico y una opción vocacional. “Allí, será fundamental evaluar la calidad y pertinencia de dichos programas vocacionales. Sin buena calidad educativa, tampoco será posible incrementar la productividad y el PIB potencial de Colombia”, concluye.
