Con algunas sorpresas y con mensaje de urgencia, el Gobierno radicó en el Congreso el texto del proyecto de reforma tributaria estructural.
La propuesta del Ejecutivo es audaz y no la tendrá fácil en el Congreso. Cárcel de entre 4 y 9 años para los evasores, IVA de 5 % para la vivienda de más de 800 millones de pesos, un impuesto de 300 pesos por litro (10%) a las bebidas azucaradas, incluyendo los denominados edulcorantes, y aumentar el IVA general del 16 al 19%, de manera progresiva, son pruebas de que las recomendaciones de la Comisión de Expertos, entregadas desde comienzos de este año, fueron tenidas en cuenta.
En la 'exposición de motivos', la cartera de Hacienda señala que con esta reforma se propone un sistema tributario más equitativo, eficiente y sencillo, fortalecido en la lucha contra la evasión y la elusión.
Algunos analistas apuntan que en términos generales cumple con las expectativas y resolvería en gran medida las necesidades del Estado en materia de recursos.
Adicional a lo anterior, las medidas planteadas en la Reforma impulsarán la formalización, lo que llevará a que el recaudo total aumente en 0,2% del PIB en 2019 y crezca en 2020 a niveles constantes de 0,6% del PIB.
Así las cosas, se espera que la reforma estructural incremente de manera permanente los ingresos del Gobierno Nacional Central en 3,3% del PIB a partir de 2022 para situar los ingresos totales en 16,8% del PIB a partir de esa misma vigencia. En la actualidad, el recaudo de impuestos representa el 14,9% del Producto Interno Bruto.
En dicha exposición de motivos, el Gobierno argumenta que con la implementación de la reforma tributaria habría un crecimiento promedio de la inversión de 5,2%, situación reflejada en una tasa de inversión de 29,6% (1,7 puntos por encima a la del escenario de sin reforma).
La iniciativa señala que debido a los incentivos dados en renta a las personas jurídicas, la tasa de inversión de la economía estaría en niveles cercanos al 30%.
Como consecuencia, el crecimiento del PIB en 2022 sería 4,6%, es decir, 0,2 puntos por encima del escenario sin reforma.
El Gobierno asegura que en el primer año de implementación, el consumo tendría un efecto negativo de demanda interna, que se sentiría más en los sectores de alimentos procesados, textiles y vestidos y servicios.
Sin embargo, a partir del segundo año, el consumo empezaría a beneficiarse con la ejecución de la reforma.
"Las simulaciones muestran que, a pesar del incremento en la tributación indirecta, el consumo se expande cerca de un punto porcentual por año más (excepto en 2017), que en el escenario sin reforma", señala el articulado.
El informe concluye que de no hacerse la reforma, la tasa de ahorro de la economía y de la inversión se reducirían, generando una pérdida en términos de crecimiento.
"La reconversión del consumo hacía el ahorro que busca la reforma, va a permitir que en el mediano plazo mejore la competitividad para lograr un mayor y sostenido crecimiento de la economía, así como mayor generación de empleo".
El mayor recaudo proviene de los cambios efectuados al IVA. En el 2017, a través de este impuesto se recadarían 8,2 billones de pesos más que este año. En el 2022, los ingresos por este concepto ascenderían a 10,8 billones de pesos.
La reforma también prevé que la gestión de la Dian mejore el recaudo, persiguiendo la evasión nacional e internacional y modernizando su operación. En este aspecto, el Gobierno espera un aporte de 3,6 billones de pesos en el 2019 y de $7,2 billones en el 2022.
En conclusión, el año más difícil para los contribuyentes o de mayor recaudo será el 2019. Mientras que en el 2018 se recaudarían $9,7 billones adicionales, en el 2019 serían 19,5 billones, es decir, casi 10 billones de pesos más entre año y año.
El hecho de que haya sido presentada con carácter de urgencia implica que la responsabilidad grande la tendrá ahora el Congreso. El 'tire y afloje' parlamentario durante su trámite en las próximas semanas llevará que inevitablemente la ley aprobada diste de esta iniciativa dada a conocer -algo tarde- por el Ejecutivo.
