La actualización de normas en materia de derechos de autor y propiedad intelectual tendrá su último examen legislativo la próximo semana y quedó a un paso de convertirse en ley de la República.
Esta, que ha sido un compromiso internacional del Estado (con el TLC de Estados Unidos y el ingreso del país a la Ocde), tuvo una victoria clave ayer, luego de que la plenaria del Senado aprobara el articulado, con una sola modificación, que se discutirá en conciliación el próximo martes.
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Este último artículo fue propuesto por la senadora Paloma Valencia y tiene que ver con el pago de derechos de las empresas, con el fin de que puedan reproducir los contenidos en sus sitios (hoteles o restaurantes, por ejemplo) sin tener que llegar a un acuerdo directo con las asociaciones musicales o de actores.
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“Pedimos que las negociaciones se unan para que haya una especie de licenciamiento, como cuando se compra un software. Así, por ejemplo, los proveedores de televisión negociarían con las diferentes sociedades para tener las licencias y vendérselas a los negocios ya con el aval previo de los autores”, explicó la parlamentaria.
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El Gobierno y el ponente le dieron el visto bueno a esta propuesta, que se discutirá el próximo martes en la conciliación, ya que no quedó incluido en el texto aprobado por la Cámara.
REGLAS CLARAS
No obstante lo anterior, el Senado aprobó el articulado como venía de las comisiones, el cual tiene cuatro puntos claves: actualización de disposiciones generales, regulación de medidas tecnológicas para proteger las obras, régimen de excepciones y régimen para obras huérfanas.
En el primero están incluidos artículos que incluyen la presunción de la titularidad, características patrimoniales para reproducir las obras que son exclusivamente del medio digital y la duración del derecho de autor y su agotamiento cuando se den las reventas.
En el segundo punto, el proyecto contempló aspectos como controles a la elusión de las medidas de proyección y las responsabilidades penales y civiles en las que podrían caer quienes incumplan estas nuevas normas, que podrían ir incluso hasta los 1.000 salarios mínimos legales vigentes para quienes violen los mecanismos de protección de las obras.
Finalmente, el proyecto determinó que cada tres años se realice una audiencia legislativa, con el fin de actualizar la cobertura que esta norma pueda tener, debido a que está en constantes cambios por la tecnología.
El próximo martes se definirá la suerte de este proyecto, que luego pasaría a sanción presidencial.
