Si bien el consumo de bebidas alcohólicas que entran de contrabando ha disminuido en el país, no ocurre lo mismo con las que se fabrican localmente de manera ilegal, es decir falseando marcas o bajo denominaciones sin registros ni licencias, las cuales sufrieron una tendencia creciente.
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El último reporte de la firma internacional Euromonitor, especializada en estudios de consumo, indica que en el 2015 (último año del que se ha hecho una investigación) la ingesta de alcohol ilegal en su conjunto –contrabando y adulteración– bajó en un 6% en Colombia, al pasar de 371.527 hectolitros en el 2014 a 347.601 hectolitros.
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Y en dinero que dejó de recibir el fisco según Euromonitor, también la cantidad baja de 450 millones de dólares que se estimaban en el 2014 a 406 millones de dólares, cifra que aun así es bastante considerable, pues equivale a cerca de 1,2 billones de pesos de hoy.
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A la hora de desagregar las dos categorías, se observa cómo las bebidas alcohólicas introducidas irregularmente en el territorio nacional bajaron en un 24%, de acuerdo con Lourdes Chavarría, directora de Comercio Ilícito de Euromonitor, quien dirigió el estudio.
La especialista añade que esto se debe a tres factores: la implementación de la Ley Anticontrabando, el aumento en las aprehensiones y decomisos por parte de la Policía y el cierre de la frontera con Venezuela.
Pero, por el contrario, el consumo de las adulteradas creció en un 6%. En esa modalidad entran tanto las que se hacen pasar por marcas originales, sin serlo, aquellas en que se reduce mezclándolas con otros solventes y las que tienen un arraigo tradicional (por ejemplo las cervezas artesanales). “Eso es preocupante porque la problemática, además de la cara fiscal, tiene un problema de salud asociado. Vemos que el riesgo que toma el consumidor es grande”, apunta Chavarría.
Los factores que mantienen vigente el mercado ilegal, pese a los riesgos de ser detectado (es un delito que da cárcel) son el fácil acceso al etanol potable, que es su materia prima; la disponibilidad de etiquetas y botellas; las trabas para la persecución, sobre todo en algunas zonas alejadas; la preferencia del consumidor debido al desconocimiento de las consecuencias para la salud y el bajo precio (puede ser en promedio 12% más barato); la ampliación de los puntos de expendio y la participación de bandas criminales que mezclan esta práctica con otros tipos de delitos.
Las bebidas más ‘pirateadas’ son el aguardiente y el whisky, pero también el tequila ha entrado en este selecto grupo.
Mirando la adulteración en el contexto del vecindario, el país mantiene un liderazgo negativo, pues mientras que esta representa un 38% de la ilegalidad relacionada con las bebidas espirituosas en América Latina, en Colombia asciende al 57%.
“El problema acá es que la industria de adulteración está tan especializada que es muy difícil identificar una bebida de otra y se tiene fácil acceso a la materia prima”, advierte Chavarría al referirse a una realidad que pretende subsanar la nueva norma que empezó a regir el monopolio de los licores en Colombia (Ley 1816 del 19 de diciembre del 2016) y que manda a aplicar mecanismos de trazabilidad al alcohol potable. “Es importante hacer que esas normas se cumplan y poder asegurar que todos los agentes de la cadena sigan los controles. Además de educar a los consumidores acerca de la importancia de elegir los sitios de compra de las bebidas y la manera de identificar las legales de las ilegales”, afirma la especialista de Euromonitor, al anotar que esta es una responsabilidad no solo del Gobierno sino que debe concitar una alianza entre las autoridades (policía Fiscal y Aduanera), organismo de salud (Ministerio de Salud), la recaudación de impuestos (Dian) y las empresas que se mueven en este campo económico.
