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Economía

17 mar 2021 - 8:00 p. m.

Comisión de expertos propone revolcón
del sistema tributario

Eliminar el 4 x 1.000, el ICA y gravar las pensiones, entre las iniciativas del grupo.

Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda

Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda.

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Portafolio
17 mar 2021 - 8:00 p. m.

La tercera reforma tributaria de este Gobierno se presentará la próxima semana, según confirmó el presidente Iván Duque. Y, precisamente, en medio de esa expectativa ayer la Comisión de expertos en beneficios tributarios reveló sus recomendaciones, en las que plantean un revolcón de impuestos para Colombia.

(Gravar pensiones y acabar el 4 x 1.000, proponen expertos tributarios). 

Además de proponer un IVA generalizado con algunas excepciones, ampliar la base gravable para personas naturales y la eliminación de exenciones para empresas, como ya lo había mencionado este diario en días anteriores, ayer se conoció que la Comisión también plantea la eliminación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), así como el tributo por transferencias financieras conocido como el 4 x 1.000, y mantener las zonas francas, pero hacer que las organizaciones que trabajan allí paguen IVA.

(Los beneficios tributarios le costaron a Colombia $69,1 billones). 


Según presentó ayer Bert Brys, secretario técnico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) en la Comisión de Expertos, “el sistema tributario de Colombia no está alineado con las buenas prácticas internacionales. El país sufre de un déficit fiscal grande y esto tendrá que ajustarse de una forma equilibrada”.

Y como consecuencia a ese desbalance en el sistema, según aseguró Brys, los ingresos tributarios de Colombia equivalen al 19,3% del PIB, un nivel más bajo que el promedio de los países de América Latina (23%), o de las otras naciones que son miembros de la Ocde (33,8%).

A eso se le suma una alta carga impositiva para las empresas, que es de 54% para el caso de Colombia.

Al complicado panorama por cuenta de un bajo recaudo se le agrega que los beneficios tributarios le costaron al país el 6,5% del PIB en 2019, lo que equivale a $69,1 billones. Ese balance es menor al cálculo que había presentado la Dian a mediados del año pasado, cuando dijo que ese costo fiscal ascendía a $92,4 billones, un 8,7% del PIB.

“Esta gama de gastos tributarios ha complicado aún más el altamente complejo sistema, desincentivando iniciativas empresariales e inversiones, facilitando la evasión y elusión fiscal y también frenando el desarrollo económico del país. El régimen tributario actual tampoco ha logrado abordar las desigualdades en la distribución de los ingresos y de la riqueza”, señala el informe.

EL REVOLCÓN 

Ante un sistema tributario que califican como deficiente, la Comisión, compuesta por expertos internacionales y un amplio equipo de analistas locales, dice que un IVA generalizado con algunas excepciones, como en la canasta familiar, la eliminación del ICA, el 4 x 1.000, cambios en las pensiones y en las exenciones de renta, entre otros, podría ayudar a que se aumente el recaudo al menos en 2% del PIB, que sería el tamaño del hueco fiscal que calcula el país.

En detalle, en materia de IVA, los expertos plantean que este puede ser generalizado, pero con la condición de que las clases y familias más pobres y vulnerables sean compensadas con un mecanismo que ya está en marcha.

Por otro lado, plantean que si el sistema de compensación no puede implementarse plenamente en el corto plazo, “la tasa de IVA reducida del 0% se puede mantener en una selección de artículos, incluidas las exportaciones y la canasta de bienes de primera necesidad, a fin de satisfacer el derecho fundamental al mínimo vital. El Gobierno podría eliminar las exclusiones del IVA de forma progresiva e incrementar gradualmente la cantidad de artículos que se trasladan a la cobertura de la tarifa estándar del 19%”, se lee en el documento.

Asimismo, detallan que otra posibilidad es que en lugar de tener una tarifa reducida del 5% para algunos bienes y servicios, el país podría adoptar una diferenciada que oscile entre el 10% y 12%, la cual reduciría el número de empresas que solicitan devoluciones de IVA y, así mismo, restringiría las oportunidades de fraude en el impuesto.

“Los bienes y servicios que no se pueden gravar inmediatamente con la tarifa general de IVA porque el sistema de compensación no se puede implementar por completo, podrían gravarse con la tarifa intermedia de IVA”
, proponen.

Para el caso de las pensiones, el impuesto a la renta y al comercio, la Comisión pone sobre la mesa la posibilidad de que se evalúe si una reforma de ampliación de la base impositiva podría ir de la mano de una reforma que reduzca las tasas en el mediano plazo e iguale el tratamiento en cuando a tributos en los diferentes tipos de ingresos personales.

Como coincidieron los expertos durante la presentación del informe, eso podría traer como consecuencia una reducción de la informalidad de personas y empresarial, teniendo en cuenta que las condiciones tributarias para las organizaciones desincentivan ser parte del sistema tributario.

En cuanto a las zonas francas, dicen que la prioridad del país debe ser reformar los impuestos corporativos que funcionen en esos lugares, por lo que plantean que funcione allí el IVA. “Debido a que Colombia ha extendido su estatus de ZF a negocios que principalmente prestan servicios al mercado nacional, y debido a que estos negocios no están agrupados en zonas económicas especiales, sino que se encuentran distribuidos en todo el país, las empresas de las ZF deberían llevarse al régimen ordinario de IVA”, explica el documento.

Ante los planteamientos de los expertos, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señaló ayer que “estoy entusiasmado por la discusión que se viene en el Congreso de la República con los insumos que tenemos, y eso hará que el debate sea más detallado”.

LOS CAMBIOS EN EL AGRO 

Como parte de las discusiones, los expertos también plantearon los retos del agro. Según la Comisión, allí hay una amplia gama de gastos tributarios, que no tienen mayor incidencia debido a la informalidad del gremio.

Por eso, explican que las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zonac) y las Zonas Económicas y Sociales Especiales (Zese) no son útiles para impulsar el desarrollo económico en estos lugares. “El país requiere un plan de desarrollo regional que aborde problemas estructurales”.

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