La empresa constructora Conalvías –recordada por hacer parte del ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá– interpuso una tutela contra la Contraloría General de la República y defiende el uso de este mecanismo.
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Esto, luego de dos días de que el contralor general, Edgardo Maya, denunciara que la compañía “acudió a varias argucias jurídicas”, con el fin de recuperar el daño fiscal causado por los sobrecostos de las obras de TransMilenio de la calle 26 (ver recuadro).
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Frente a esto, la empresa aseguró, por medio de un comunicado, que “la decisión de la Contraloría de incluir a Conalvías en el boletín de responsabilidad fiscal (...) no solo pone en riesgo la ejecución del acuerdo de reorganización, con obligaciones superiores a los $800.000 millones, sino también la viabilidad económica de la empresa y la supervivencia de más de 5.000 empleos directos e indirectos”.
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¿CUÁL ES LA CUESTIÓN?
La interposición de la tutela por parte de Conalvías responde –según el comunicado– a que la compañía firmó un acuerdo de acreedores en mayo del año pasado, el cual “fue avalado por la Superintendencia de Sociedades” y que estableció un cronograma de pago, al cual “la Contraloría se presentó de forma extemporánea”.
Esto, señalan, tumba cualquier “proceso ejecutivo contra la empresa, y no le permite realizar medidas cautelares o acciones de cobro de la condena impuesta” por los sobrecostos del TransMilenio de la Avenida El Dorado.
Palabras más, el argumento de Conalvías es que esta decisión del ente de control fiscal, tiene como efectos colaterales la imposibilidad de contratar con el Estado, aspecto que los deja sin respaldos financieros para asumir los pagos a acreedores.
De esta forma, un juzgado del Tribunal Superior de Bogotá tendría que decidir, entre el martes y jueves de la próxima semana, el futuro de esta acción de tutela, la cual, igualmente, contaría con recursos jurídicos adicionales para las dos partes involucradas.
