La lupa de los entes de control comenzaría a ponerse sobre miles de contratos celebrados durante la ley de garantías, que terminó hace dos semanas.
Este diario pudo establecer que tanto la Procuraduría como la Contraloría tienen en el radar los documentos de contratos que ascienden a casi $4 billones, que fueron entregados ‘a dedo’ por distintas entidades territoriales.
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En la base de datos del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), que recopila todas las compras estatales, reposan los datos claros: durante la ley de garantías aparecen más de 12.000 contratos que fueron adjudicados de manera directa, cuyo valor total supera los $1,1 billones.
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‘LA LEY POR LA FAJA’
Según Juan David Duque, director de Colombia Compra Eficiente (CCE), “de este universo hay muchos que se justifican sobre la ley, debido a que cumplen con las excepciones que dicta esta norma, pero la mayoría de los celebrados sí habrían estado por fuera de la misma. De hecho, muchas entidades nos consultan para saber si cumplen la ley, pero otras simplemente contratan de forma irresponsable”.
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Agregó que, en este caso, serán los entes de control los encargados de revisar en cada uno de los casos, si es que tiene implicaciones disciplinarias o fiscales.
No obstante, explicó que casos como las urgencias manifiestas, contratos de crédito público y los referentes a defensa y seguridad del Estado hacen parte de las excepciones previamente dichas.
A pesar de lo anterior, fuentes ligadas a los entes de control que aseveran que, según un paneo hecho preliminarmente, el 50 por ciento de los más de 130.000 contratos suscritos durante la ley de garantías se habrían pasado ‘la ley por la faja’, al no tener el permiso de contratar ‘a dedo’.
Adquisición de recursos físicos (como papelería u objetos de oficina) y humanos son los objetos que predominan en el listado del Secop y que no estarían ajustados a la ley, a pesar de que también existen muchos cuyo fin era solucionar problemas de salud y educación, los cuales sí se habrían ajustado a la misma.
En cualquier caso, las cifras de las primeras son contundentes y su resultado había sido anticipado, también de forma preliminar, por parte de la Auditoría General de la República, justo cuando había entrado en vigencia esta norma, cuya idea general es evitar que se cambien contratos por votos.
PIDEN CAMBIOS
“En su momento, la Auditoría General de la República llamó la atención por la violación a la mencionada normatividad, por cuanto la administración territorial suscribió un importante número de contratos con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley”, indicó Rodrigo Tovar, auditor general encargado.
En el análisis realizado por esos días, dicho organismo de control encontró –según información reportada por los entes regionales– que en la primera semana de la ley de garantías se celebraron 86 contratos que superaron los $3.146 millones.
Asimismo, desde la Auditoría informaron que la entidad está en proceso de revisar los controles hechos por las contralorías regionales en cada caso, y donde encuentren irregularidades denunciarán a los funcionarios, “ya que no es posible que en sus muestreos no incluyeran las vigencias de mayores cifras”.
Este panorama, que anticipó lo que sería una contratación directa desbordante, llevó a que dicho organismo planteara la necesidad de modificar la normativa, ya que genera descompensaciones en los planes de contratación, además de infringir la ley.
“La propuesta de la Auditoría general es que se revise la norma y se evalué el grado de efectividad y conveniencia de la misma, con el fin de evitarle desgastes innecesarios a la administración pública y cumplir adecuadamente con la planeación presupuestal apropiada para la vigencia”, reiteraron las fuentes.
Asimismo, desde otros sectores se ha hecho la propuesta de ajusta esta ley, ya que también frena la ejecución presupuestal de todo el aparato estatal (ver recuadro). De hecho, a finales del año pasado se hizo las más reciente propuesta para su modificación.
Esta fue realizada por parte del Ministerio del Interior, con el fin de que la contratación pública no se frenara, exclusivamente en el caso de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc. La medida fue criticada por distintos sectores políticos, que argumentaron que la idea habría legalizado la repartija de ‘mermelada’ en época electoral.
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Con corte al 31 de mayo pasado, las cuentas del Ministerio de Hacienda indicaban que de cada $100 asignados se habían ejecutado solo $30, según cuentas de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional. Los sectores de Salud, Cultura, Educación, Minas y Energía, y Relaciones Exteriores encabezan la lista de los de mayor ejecución.
Analistas consultados por este diario opinaron que el hecho de que solo el 30% se haya ejecutado a casi la mitad del año se explica, en buena parte, por la ley de garantías, que frena la contratación estatal mientras dura las contiendas electorales. Por esta situación también han venido proponiendo que la legislación se ajuste, mas no que se acabe plenamente.
