La historia de la paz en Colombia bien podría llamarse como el poema de Julio Flórez, “Todo nos llega tarde”. Esta es una consecuencia de la tradición centralista de nuestro país y es lo que le ha restado preponderancia histórica a la confrontación violenta que ha afectado más a la periferia. Esto permitió que, durante décadas, Orden y Violencia hayan convivido, como lo demuestra magistralmente Daniel Pécaut en su libro homónimo. No fue sino hasta que los intereses económicos del triángulo de oro (Bogotá D.C, Medellín y Cali) se sintieron amenazados, cuando la Colombia urbana pudo sentir más empatía por el país rural y comenzamos a reclamar con más unidad paz.
Finalizaba entonces la década de los noventa, el conflicto armado interno se había recrudecido, la institucionalidad tocaba fondo y una crisis económica en ciernes ya tenía nombre propio, UPAC. Era 1998 y una foto con el guerrillero más viejo del mundo bastaría para que Andrés Pastrana, elevado por la (des)esperanza, superara con holgura el estrecho margen de ventaja que Horacio Serpa le había sacado en la primera vuelta electoral. La sociedad se había pronunciado, abriendo desde entonces una búsqueda incesante por la paz, aunque por medios contradictorios y paradójicos como la guerra misma.
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La racionalidad y causas económicas del conflicto armado ya habían sido de interés de los economistas colombianos desde la segunda mitad de la década de los noventa, como lo muestran los trabajos de Jesús Antonio Bejarano, Juan Carlos Echeverry, Alejandro Gaviria, Cecilia López y Carlos Esteban Posada. No obstante, las consecuencias de la paz habían sido menos investigadas. Las negociaciones con los principales grupos armados ilegales (Farc-EP, ELN y AUC) en los siguientes años colocó en el centro de la discusión pública los costos de esta violencia y los beneficios de la paz para Colombia. Por eso una definición negativa de la paz, como ausencia de violencia, resultó útil para tender los puentes entre causas del conflicto y consecuencias de la paz.
Así, desde el análisis económico se distinguen dos tipos de efectos principales sobre la economía. Por un lado, el conflicto debilita el flujo positivo de la economía, disminuyendo la inversión por la menor confianza en un contexto incierto, destruyendo todo tipo de capital (físico, humano y social), lo que al final se traduce en una reducción de las tasas de crecimiento económico. Por otro lado, y alineado con la perspectiva del artículo de 1996 “The Peace Dividend: Military Spending Cuts and Economic Growth” de Knigt, Loayza y Villanueva, el conflicto genera una reasignación de los recursos, tanto públicos como privados, hacia servicios de seguridad y defensa, lo que va en detrimento de otras destinaciones que, en ausencia de conflicto armado, podrían ser de mayor provecho para el país. Estas distorsiones, en el caso colombiano, son todavía mayores cuando se consideran los recursos para atender a las víctimas y debilitar las economías ilegales que financian el conflicto. Por ello, reducir la conflictividad armada es una ventana de oportunidad para corregir ambos efectos. Esto es el dividendo de paz.
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Varios estudios realizados entre 2003 y 2015 por entidades como el DNP, Cerac, Fedesarrollo, CID-Universidad Nacional, CEDE-Universidad de los Andes y Bank of America, se propusieron estimar las magnitudes de este dividendo para Colombia. Como cabe esperar, todos los estudios encontraron que el dividendo de paz es positivo. Más interesante es evidenciar que su magnitud cambia en función de los periodos, variables y metodologías consideradas. Teniendo en cuenta los resultados que se concentran en los efectos sobre el crecimiento del PIB y haciendo un análisis estadístico de los mismos, encontramos que en promedio, cabe esperar un dividendo de paz equivalente a 0,7% del PIB por año. Este valor difiere significativamente del dividendo que estiman las entidades del gobierno, cuya media se ubica en 1,9% del PIB por año.
Ya firmado el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera con las Farc-EP, cinco vientos en contra contienen el dividendo ubicándolo más hacia 0,7% que a 1,9%. En primer lugar, el dividendo de paz beneficia más a los territorios periféricos y más rurales, cuya contribución al PIB ha sido minoritaria. Esto implica que el Acuerdo tiene un importante impacto local y regional pero un efecto menor al esperado a nivel nacional. No por ello hay que menospreciar lo que esto implica en el largo plazo pues, como lo muestra el libro Costos Económicos y Sociales del Conflicto en Colombia ¿Cómo Construir un Posconflicto Sostenible? del CEDE, la ausencia de conflicto puede aumentar el crecimiento departamental hasta en 4,4% y reducir a la mitad el tiempo necesario para que el ingreso per cápita se duplique, una oportunidad de oro para cerrar las marcadas brechas del desarrollo territorial colombiano.
En segundo lugar, coincidimos con el análisis del Bank of America, en cuanto que el conjunto de manifestaciones de violencia asociadas al conflicto armado interno viene reduciendo su magnitud desde hace 12 o 15 años, de modo que el dividendo se viene obteniendo desde antes de la firma del Acuerdo. Esto significa que el efecto Acuerdo es menor al esperado. Prueba de ello es la afectación por minas antipersonal y municiones sin explotar (MAP/MUSE), que alcanzó su pico en 2006 con 1228 víctimas, mientras que en el 2016 y 2017 se reportaron 89 y 57 víctimas respectivamente.
En tercer lugar, y como el mismo ejemplo también ilustra, las huellas del conflicto con las Farc-EP siguen causando daño y se evidencia una persistencia de otros grupos armados ilegales (ELN, BACRIM y disidencias de todo tipo), motivo por el que luego de la firma del Acuerdo siguen presentándose efectos económicos negativos, aunque en una magnitud mucho menor.
En cuarto lugar, y consecuencia de lo anterior, la persistencia de amenazas hace que no sea conveniente reducir el gasto de la Fuerza Pública en los próximos años. Tal como Andrés Ballesteros demuestra en su Disertación Doctoral, Military conversion in post-conflict countries: Determinants, impact, and a case study on policy implications for Colombia, un nivel relativamente alto de gasto militar es un mecanismo de disuasión efectivo frente al rearme y reorganización de grupos insurgentes. Finalmente, la implementación del Acuerdo enfrenta serios obstáculos presupuestales, que es donde se refleja el compromiso de la política pública. Prueba de ello es que ya en 2017 la meta de financiamiento para la implementación de los puntos del Acuerdo se cumplió en un 79%, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Considerar estos vientos en contra y buscar alternativas permitirá que los réditos de la paz no sólo signifiquen ausencia de conflicto armado, sino prosperidad y ejercicio efectivo de derechos y deberes ciudadanos. De otro modo habrá que enmendar el poema de Floréz y decir que “Todo nos llega tarde, - hasta el dividendo de paz”.
John Mauro Perdomo Munévar
Universidad Nacional de Colombia,
Centro de Investigaciones para el Desarrollo
