Este viernes, durante la clausura de la I Cumbre del Petróleo y Gas, el Comité Gremial Petrolero se pronunció sobre la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente los actos administrativos por medio de los cuales el Gobierno Nacional fijó los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, a través del llamado fracking.
Según el Comité, aunque seguirá respetando las decisiones judiciales y del Estado, asegura que este tipo de decisiones genera una inestabilidad jurídica no solo con relación a la aplicación de esta técnica específica, sino también sobre el sector en general.
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“La regulación expedida para el desarrollo de los Yacimientos No Convencionales (YNC) comprende distintos aspectos, entre ellos el contractual, ambiental y técnico. En consecuencia, llama la atención que los demandantes afirmen que se requieren estudios detallados, cuestionando la reglamentación técnica, sin tener en cuenta la totalidad del marco regulatorio, y las normas existentes y aplicables en materia ambiental”, afirmó el Comité.
Frente a la decisión, el CGP asegura que se está haciendo una interpretación equivocada del Principio de Precaución y que desconoce las competencias asignadas a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) como autoridad ambiental y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en su calidad de administrador del recurso hidrucarburífero.
Así mismo el Consejo de Estado estaría mal interpretando las experiencias internacionales que han prohibido el fracking. “El CGP se permite precisar que la razón de prohibición en Francia no es el riesgo. La decisión obedece a que este país tiene una matriz energética diferente a la de Colombia fundamentada en energía nuclear”, señaló el Comité en un comunicado.
La CGP también llamó la atención en el argumento del Consejo de Estado según el cual los yacimientos no convencionales conllevan a un daño potencial o riesgo a la salud humana. De acuerdo con el comité no existen estudios concluyentes ni evidencia suficiente que demuestre la causalidad entre las actividades de este tipo e impacto en la salud humana.
“Es importante reiterar que el país lleva cerca de 10 años preparando el marco regulatorio para el desarrollo de la actividad. Por esta razón, no se entiende el motivo por el cual se decreta una suspensión provisional frente a unas normas expedidas en los años 2013 y 2014, luego de un riguroso proceso de elaboración enmarcado en la gestión de conocimiento”, aseveró la CGP.
