Esta es hoy una fuerza laboral del rebusque que alivia de los trancones, le ahorra tiempo y, en general, facilita la vida de muchas personas. Además, según los reportes, este servicio mueve miles de millones de pesos.
Pero hay otra cara de la moneda que no está gustando: se están convirtiendo en una nueva problemática de la vida actual de las ciudades. Este es un fenómeno que afecta la convivencia y la tranquilidad en el espacio público porque, como se evidencia en el diario vivir, muchos de ellos violan las normas de tránsito, no respetan a los peatones, pasan montados en sus bicicletas en los puentes peatonales y cuando se les reclama, insultan.
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Además, como si fuera poco, no utilizan casco y ponen en riesgo sus propias vidas. Y a muchos de ellos se los ve dormir, comer y hacer sus necesidades en la calle. Es para la ciudad un nuevo dolor de cabeza que antes no se sentía.
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María V. G. es una ciudadana del barrio Santa Bárbara, en el norte de la ciudad. Con frecuencia hace sus pedidos por las aplicaciones. Pide comida, medicamentos, bebidas; cuenta que la ha utilizado hasta para enviar su computador o las llaves del carro sin ningún inconveniente, y hasta para comprar la comida de su mascota. “Es una maravilla de servicio”, dice la ejecutiva que trabaja para una multinacional.
Pero, por paradojas de la vida, María es también víctima del éxito de estos jóvenes y adultos que se levantan lo del diario llevando pedidos de un lado para otro. Porque ahora hay tantos que en horas de la noche, y sobre todo en la madrugada, se ubican frente a los centros comerciales, a los restaurantes, por los lados de los supermercados y, en general, donde haya gran movimiento de mercancías, como licoreras, droguerías y otros lugares, con las consecuencias propias del desorden colateral del servicio.
“Hacen ruido, toda la noche es un bullicio. Eso es insufrible. En la noche y la madrugada se escuchan carcajadas; juegan cartas, dominó, pelean, duermen, se orinan en los árboles mientras les llega la solicitud del pedido”, dice la mujer.
A esto se suma que la delincuencia común aprovecha la reunión de los mensajeros para robar en bicicleta, en motos, para atracar en carros, se queja la mujer. “Hoy me da miedo salir a tomar un café o transitar en mi carro por la inseguridad que esto genera”, explica.
En repetidas oportunidades, en las redes sociales se han publicado los reclamos, las opiniones, fotos y las solicitudes al Distrito, a las empresas y a los mensajeros, para que se los obligue a cumplir.
En un sondeo virtual realizado por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco-Bogotá) a 350 personas, el 95 por ciento afirmó que al menos una vez ha pedido comida a domicilio. De estos, el 46 por ciento suele usarlo los fines de semana. El 86 por ciento pide comida a domicilio desde su casa, el 48 por ciento lo hace en horas de la noche; el 28 por ciento, entre la tarde y noche, y el 24 restante prefiere la tarde.
Para Ómar Oróstegui Restrepo, director del programa Bogotá Cómo Vamos, hoy no es posible dimensionar el número de personas vinculadas a las aplicaciones de domicilios porque son empleos no formales.
“Están vinculados de manera indirecta, sin horario fijo o prestaciones sociales ni beneficios de un contrato formal; los domiciliarios son los responsables de tener una bicicleta, su mantenimiento y el pago del plan de datos del teléfono celular, aunque llevan el nombre y el logotipo de la empresa cuando realizan su actividad por la ciudad. Esta situación dificulta cualquier intervención con los domiciliarios vía la plataforma tecnológica que solicita sus servicios”, señala el analista.
Además, asegura que no hay una forma legal para exigirles a las empresas que los obliguen al uso de casco y de chaleco reflectivo, porque para estas personas “predomina el tiempo de entrega sobre cualquier otra variable, y de allí que anden rápido por la ciudad, para recorrer distancias en el menor tiempo posible y lograr hacer varios pedidos (sus ganancias dependen de esto), arriesgando su vida y la de los demás, cometiendo imprudencias e infringiendo las normas de tránsito”.
Añade que a esta situación “se suma el debate por la ocupación y el uso indebido del espacio público, las tensiones sociales con algunas comunidades de vecinos e, incluso, centros comerciales”. Y no descarta que “el aumento de ciclistas lesionados en la ciudad responda a esta dinámica, situación que debería ser objeto de estudio por las autoridades competentes”.
Ante esta problemática, en el Concejo de Bogotá fue aprobado en primer debate un proyecto de acuerdo que busca promover buenas conductas en los viajes y contribuir al buen uso del espacio público.
EL TIEMPO consultó a Rappi, una de las empresas más visibles en la ciudad, e informaron que la compañía decidió invertir cerca de 800 millones de pesos para crear puntos de descanso. Se trata de espacios donde “podrán esperar de manera más cómoda y ordenada los pedidos de los usuarios. Allí encontrarán diversos servicios, como baños, café, taller para bicicletas, parqueadero de bicicletas, recarga de celular, zona de descanso y un lugar cubierto para cuando llueva. Estarán ubicados de acuerdo con la zona de cobertura y mayor demanda de servicios”, dijo Rappi.
REDACCIÓN BOGOTÁ - EL TIEMPO
