La educación superior es el mas eficiente vehículo de movilidad social. Cuando un joven de clases populares ingresa al mundo universitario y logra culminar sus estudios profesionales, cambia de manera positiva y radical sus posibilidades económicas y sociales, y de paso transforma la vida de su entorno familiar. El mundo universitario público es además un espacio de interacción y crecimiento personal en el que se pueden diluir las barreras sociales que hacen que los jóvenes adinerados reciban una mejor educación en universidades de élite, mientras los menos favorecidos deben resignarse a una educación de baja calidad en instituciones privadas.
En la universidad pública deberían sentarse juntos un joven humilde, hijo de una familia de clases populares, y un joven con una posición social holgada. Ambos deberían recibir la misma educación y con ello acceder a las mismas posibilidades de crecimiento económico y social. Acceso a la educación superior y equidad social son dos variables inseparables.
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Lamentablemente en Colombia las barreras sociales en educación no solo son notorias, sino que últimamente se han venido fortaleciendo, creando una elitización tanto de la universidad privada de calidad como de la educación superior pública. A la universidad publica ingresan los mejores, pero muchos de estos jóvenes no necesariamente pertenecen a estratos sociales humildes: una mala educación secundaria, un examen de admisión que privilegia la competencia, y una universidad publica con cupos muy limitados, hacen que la universidad estatal sea también para estratos medio-altos, y no para los jóvenes menos favorecidos de los estratos populares. La universidad no debería ser solo para los mejores sino para quien la necesite.
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El programa Ser Pilo Paga (SPP) trató de alguna manera de transformar esta realidad llevando estudiantes de clases populares a universidades privadas a las que no podrían acceder por la barrera económica, aunque sus calidades académicas se los permitiera. Con ello pretendió diluir esa barrera de segregación entre ricos y pobres, y garantizar que la universidad privada fuera un crisol de convivencia entre estratos sociales. Aunque el fin era loable, el impacto limitado del programa, los elevados costos asociados a su mantenimiento, la trasferencia de recursos públicos al mundo privado y la desfinanciación histórica de las universidades estatales le pasó factura a un programa que nació con las mejores intenciones pero que de manera paradójica profundizó las barreras sociales que quería eliminar. SPP se ahogó en las aguas agitadas de la desfinanciación histórica de la universidad pública.
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Sin embargo, SPP no ha sido la única forma de inversión en educación superior. El presupuesto del sector se ha venido fortaleciendo, y aun en la estrechez fiscal, el gobierno nacional ha venido invirtiendo en construcción de infraestructura educativa, y con seguridad lo seguirá haciendo orientado por las nuevas perspectivas luego de SPP. En el caso de los Contratos Plan que desde el 2013 se viene aplicando en el país, y que hoy involucran a 17 departamentos y más de 450 municipios, la inversión en educación superior ha permitido el desarrollo de proyectos estratégicos para aumentar la cobertura de la educación superior pública. A la construcción de una nueva sede para las Unidades Tecnológicas de Santander UTS, con una inversión de mas de 25.000 millones de la nación, se suman la construcción de la Sede Norte de la Universidad del Cauca, un proyecto de más de 9.300 millones; la sede Toro Bajo de la Universidad de Nariño por más de 10.000 millones; el Sena de Norte del Cauca por 18.000 millones; más de 3.400 millones en becas de maestría para docentes; y la inclusión de proyectos de inversión para la Universidad del Tolima, la Universidad de Cartagena y otras iniciativas en infraestructura educativa universitaria que están contemplados en los Contratos Paz vigentes.
La educación superior de calidad debe pasar de ser un servicio a ser un derecho de todos los jóvenes colombianos sin importar su estrato social. La elección entre estudiar en el mundo publico o privado no debería estar limitada por el estrato económico sino por la orientación vocacional de los aspirantes. El Estado debe ser el garante del disfrute del derecho y el sector privado solo una opción para quienes quieren una educación diferente a la ofertada por el Estado. Mientras tanto, la inversión en infraestructura educativa debe ampliarse. Los Contratos Plan y los Contratos Paz, son una iniciativa eficiente de focalización sectorial y territorial de las inversiones que este gobierno pretende continuar. Hay vida después de SPP.
Santos Alonso Beltrán
Profesor UN- Gerente Nacional Contratos Plan -DNP
