Luego de 43 días de paro, el Ministerio de Minas y Energía y la Secretaría de Minas de Antioquia sellaron un acuerdo con la Mesa Minera para ponerle fin al paro de esa actividad en los municipios de Segovia y Remedios.
Entre los puntos del convenio sobresalen la creación de la Oficina de Soluciones Mineras; asistencia técnica e industrial para la delimitación de las zonas de uso minero en los esquemas de ordenamiento territorial así como para eliminar gradualmente el mercurio del procesamiento de oro.
En diálogo con Portafolio, la secretaria de Minas del Departamento, Liz Margareth Álvarez Calderón, explicó las consecuencias económicas para ambos municipios por el cese de labores, cómo se calculo la fórmula para hacer rentable la operación y el trabajo de relacionamiento que se debe hacer en la comunidad.
¿Cuáles han sido las afectaciones económicas por el paro minero en los municipios de Segovia y Remedios?
Lo que al principio fue una protesta pacífica se convirtió en un paro armado. Los efectos económicos han sido grandes y aún no se tienen estimaciones. Se vio afectado el comercio y se suma el desabastecimiento de alimentos y víveres en ambas cabeceras. Se percibió un temor entre los comerciantes para abrir sus tiendas o locales.
¿Hubo algún efecto en la mano de obra directa e indirecta?
Lo que han indicado los titulares mineros es que en el día 20 del cese de actividades se solicitó al Ministerio del Trabajo la suspensión de más de 20 contratos de operación. Se presionó o intimidó a algunos mineros para que no acudieran a sus lugares de trabajo.
¿Y qué consecuencias trajo el cese laboral?
De los contratos de operación, únicamente entre las empresas Zandor y Damasa, estuvieron cesantes alrededor de 2.500 personas.
Los salarios que se dejaron de percibir se calculan en alrededor de 3.000 millones de pesos, por regalías 1.500 millones de pesos y en utilidades por minería informal 6.000 millones de pesos.
¿Cómo fue discutida con la Mesa Minera la propuesta que llevaron junto con la multinacional GranColombiaGold?
Fue muy bien recibida. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría son unas unidades mineras que producen menos de 80 onzas al mes, a las cuales se les ofreció una tarifa de US$700 gramos/onza, lo cual fue aceptado por la mayoría, con la que se iniciaron procesos de acompañamiento para la negociación entre el titular del título minero y la unidad (la mina).
¿Dónde se presentaron los inconvenientes al recalcular la fórmula?
Se advirtió que existe mucho desconocimiento en la manera de tasar esas fórmulas, porque hay que revisar costos de producción y por impuestos. Así mismo, se debe calcular sobre la revisión de las reservas estimadas, que dependen de las áreas o los polígonos que se determinen. Cuando se ven todas estas variables, muchas veces no existe una fórmula mágica en el mercado que haga rentable el negocio.
¿Y cómo calcularon la fórmula con minas que producen más de 80 onzas al mes?
Aquí se presentaron muchas más complejidades porque hay más variables que se debían tomar en cuenta. Algunas de las unidades mineras, en la práctica, poseen muchos socios que intervienen en su operación. Se contemplaron no solo los costos de producción, sino el costo de la utilidad de cada socio, así como del que trabaja y del administrador. Entonces, cuando se recalculó y se hizo todo ese estudio, se evidenció que no era fácil llegar a establecer una fórmula.
¿Cuál fue el obstáculo en el que se enfrascó la discusión?
El minero tiene un concepto técnico y económico de la mina que no concuerda con la interpretación que sobre la misma posee un financiero o un abogado. Ahí fue complejo ponernos de acuerdo para establecer una tarifa.
¿Cómo llegaron al acuerdo final sobre este asunto?
Se concretaron unos puntos mínimos de convenio en los cuales se definió establecer un protocolo con el fin de poder identificar claramente las connotaciones de cada mina y llegar a unos acuerdos con un garante de por medio que pueda supervisar que la fórmula sea equitativa, genere rentabilidad y pueda constituir una solución de fondo.
¿Qué se debe tener en cuenta para que el acuerdo firmado sea efectivo?
Se abrirán espacios de socialización para trabajar en el tema de relacionamiento territorial. Hay que llegarles a las comunidades mineras. Existe la producción de minerales que no está asociada a títulos mineros y que derivan en posible financiación de economías ilegales.
¿Por qué el título de GranColombiaGold no es por concesión, sino por “reconocimiento de propiedad privada”?
Son títulos muy antiguos que vienen desde la Corona Española. Y cuando se otorgaron, los hizo también dueños del subsuelo. Es una particularidad que la compañía tiene.
El área comprendida en la operación minera para Segovia y Remedios son cerca de 2.800 hectáreas, donde existen aún muchas unidades sin regularizar.
Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio
