Los abogados de las víctimas y la propia Fiscalía dan como inevitable que varios de los delitos relacionados con el proceso penal por el descalabro de InterBolsa queden en la impunidad si, como todo parece indicar, el juicio al respecto no se realiza en mayo.
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Esa posibilidad se baraja para la acusación de supuesta administración desleal y falsedad documental, cuyas penas máximas son inferiores a los ocho años. Hay que recordar que por la debacle del que fuera el principal grupo financiero del país se llevan dos procesos, el de Premium y el de la Comisionista de InterBolsa.
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En el primero, los principales procesados son Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo, Alessandro Corridori y Víctor Maldonado. El segundo, tiene a doce personas procesadas y es donde está el riesgo que parece sin escapatoria. Si así fuera, solo podría continuar el proceso por lavado de activos, operaciones no autorizadas, y manipulación de especies, entre otras.
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Según la fiscal del caso, Alexandra Ladino, su despacho trató de adelantar la investigación en el menor tiempo posible para que se vieran resultados por tratarse de un caso importante para el mercado de valores colombiano. “Nosotros nunca hemos faltado”, reiteró, al decir que de ahí en adelante la responsabilidad de cómo fluyera el caso era de los jueces.
“Nosotros presentamos el escrito de acusación desde mayo del 2014, o sea que hoy han transcurrido cuatro años, y la judicatura no ha terminado ni siquiera la audiencia preparatoria”, indicó Ladino.
Hay que recordar que recientemente, luego de que el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, diera un campanazo de alerta, el Consejo Superior de la Judicatura anunció que la Juez 33 Penal del Circuito de Bogotá tendría dedicación exclusiva a este proceso, quedando descargada por lo pronto del resto de los 228 expedientes que tramitaba.
Fuentes de la Judicatura le confirmaron a Portafolio que la funcionaria ya programó el inicio de la audiencia preparatoria del juicio sobre InterBolsa para el 14 de este mes, y buscará ir sin parar hasta el 30 de junio, cuando se espera que se produzca un fallo.
Eso quiere decir que aunque el ritmo sea sostenido, los dos delitos en mención igual prescribirían.
“Ya no hay nada qué hacer, porque falta todo el trámite. Como es tan complejo, hay tantas personas y material documental, perfectamente se puede demorar un año como mínimo. Pero además, si el juez toma la decisión, falta que ellos (los acusados) apelen y que el caso vaya a casación en la Corte Suprema, indicó por su parte el exvicefiscal Francisco José Sintura, quien representa a un nutrido grupo de víctimas.
Y si bien aún quedarían vivos los cargos por lavado de activos, concierto para delinquir, manipulación de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores y operaciones no autorizadas con accionistas, los abogados de las víctimas tienen sus reservas en torno a que no se dejen vencer también los términos. Según Sintura, refiriéndose específicamente al lavado de activos, “la investigación está en un estado muy precario en la Fiscalía, que ni siquiera ha imputado cargos”.
MÚLTIPLES CAUSAS
“Yo lo advertí desde el 2016. Le dirigí una comunicación al CSJ señalando que era necesaria una vigilancia administrativa sobre el proceso para que no ocurriera esto. La Administración de Justicia tendrá que procurar los mecanismos para agilizar los trámites, de manera que los otros delitos no vayan a prescribir también”, dijo.
Al hablar de las causas de esta primera prescripción, muchos dirigen el dedo índice hacia los defensores de las personas involucradas que echan manos de argucias para dejar vencer los términos, pero Sintura también señala la lentitud y “algunas ineficiencias” de la investigación por parte de la fiscalía. A eso se une la complejidad de un proceso por la cantidad de involucrados y el volumen del material por revisar.
Otro abogado que representa a personas en el caso y que pidió omitir su nombre, manifestó el mismo escepticismo de Sintura.
“Me parece que lo que va a ocurrir y que de alguna manera traduce las deficiencias del sistema penal colombiano es que los incriminados utilizan una serie de triquiñuelas para ser removidos y el nuevo abogado arguye que no conoce el expediente; o para que diga que la persona está enferma, por ejemplo. Esto es desafiante para una sociedad que se ve atropellada y que ve con indignación que los responsables de esto no terminan pagando una pena”.
La fiscal Ladino, por su parte, señaló supuestas fallas en decisiones de los jueces” y las “herramientas que les da el sistema acusatorio a los abogados para dilatar los tiempos”. Ayer Caracol Radio reveló que “en lo corrido de cuatro años se cuentan más de 25 aplazamientos”.
Por su parte, la abogada Consuelo acuña, que representa también a inversionistas defraudados, aseguró que no hubo voluntad judicial ni gubernamental tampoco para recuperar la plata de las víctimas y de los trabajadores.
“Si el proceso llega a prescribir, quiere decir que las víctimas no conocieron la verdad, no tuvieron justicia y la reparación ha sido parcial”, sentenció Sintura.
Hay que recordar que en este caso hay cuatro personas condenadas: Rodrigo Jaramillo, cabeza de InterBolsa y quien está bajo detención domiciliaria; John Alexánder Muñoz, exgerente de Valores Incorporados (sentenciado a 13 años de cárcel); Miguel Francisco Merjech y Clemencia Soto (49 meses).
Los otros investigados son: María Eugenia Jaramillo, Alessandro Corridori, Claudia Jaramillo (esposa de Corridori), Carlos Arturo Neira, Álvaro Tirado, Jorge Mauricio Infante, Luis Fernando Restrepo Jaramillo y los hermanos Eduardo Adolfo y Luz Andrea Colmenares, estos últimos directivos de la Clínica Candelaria. Desde el punto de vista penal, la otra arista del escándalo de InterBolsa, que se lleva en el Juzgado 39 Penal del Circuito de Bogotá, tiene que ver con las operaciones de captación ilegal de dinero a través del Fondo Premium. En este caso está programado que se hagan las audiencias preparatorias del juicio oral entre el 20 y el 23 de marzo, según fuentes judiciales.
