Las consultas previas y los bloqueos de las comunidades se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para el desarrollo de la infraestructura vial, proyectos mineros, petroleros y eléctricos del país, causando suspensiones y cancelaciones de los mismos.
La última ‘víctima’ se conoció nada más la semana pasada cuando Epsa, filial de Celsia en el Valle del Cauca, desistió de la construcción de la segunda línea de transmisión a Buenaventura, la cual incluía una subestación eléctrica, porque el trazado fue ocupado por ‘ranchos y chozas’ que querían cobrar servidumbre, lo que ocasionó que el proyecto aumentara su valor en un 83 por ciento, desde los 37.000 millones de pesos iniciales del 2010 a los 69.537 millones que ya costaba en abril de este año. (Lea: Epsa entregará segunda línea de energía en Buenaventura)
En la vía Córdoba-Sucre, en el tramo entre Sincelejo y Tolú Viejo, después de estar construyéndose por más de cuatro años la carretera apareció una comunidad compuesta por seis casas, llamada ‘Chincelejo’, la cual no ha permitido que se adelanten trabajos en los 200 metros que ocupan, de los 18 kilómetros del proyecto.
El bloqueo a la planta de gas de Gibraltar propiedad de Ecopetrol, en el municipio de Toledo (Norte de Santander), por parte de las comunidades étnicas u’wa y motilón barí, está provocando que las tarifas de gas para los usuarios de la comercializadora Gasoriente, que atiende a las zonas metropolitanas de Bucaramanga y Barrancabermeja, aumenten alrededor de un 30 por ciento.
La mina de oro La Colosa, uno de los proyectos mineros más ambiciosos del país ubicado en el municipio de Cajamarca, con una inversión proyectada de unos seis billones de pesos en su etapa exploratoria y de construcción, está a punto de ser suspendida porque el Alcalde de Ibagué quiere adelantar una consulta popular para frenarla.
El problema con las comunidades ha venido siendo denunciado por distintos sectores como uno de los grandes disruptores de proyectos. El año pasado, según cifras de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), se presentaron más de 470 bloqueos en solo el sector de hidrocarburos. (Lea: En 2015 hubo un millón de barriles menos por bloqueos a Caño Limón)
Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, denuncia que las “comunidades están apareciendo de debajo de las piedras”, y lo peor es que muchas veces no las representan, sino corresponde a otro tipo de intereses como “minería ilegal, grupos ilegales o politiquería corrupta”.
El último aspecto que cita Caicedo Ferrer se comprueba con unas cifras de la ACP, que muestran cómo durante los meses de campaña electoral para las elecciones regionales en octubre del 2015, los bloqueos se intensificaron durante los meses de agosto, septiembre y octubre (108) mientras que durante noviembre y diciembre solo ocurrieron 41.
Angela Montoya, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), afirma que el caso más palpable de perturbaciones en obras en su sector se dio con la cancelación del proyecto hidroeléctrico Porce IV en el departamento de Antioquia, debido a los costos de servidumbre, sobre todo.
Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) desistieron de este proyecto debido a que en la fecha de inicio había 2.799 habitantes censados en la zona, que cuatro años después, en el 2010, llegaron a 14.500, todos pidiendo indemnizaciones.
Por su parte, Astrid Álvarez, presidenta de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), advierte que la empresa está teniendo problemas para construir la línea de transmisión de 150 kilómetros desde Chivor hasta Bogotá, que atraviesa 20 municipios y tres departamentos, en los cuales han encontrado preocupaciones ambientales o económicas de algunos sectores de las comunidades.
Rubén Darío Lizarralde, presidente de la Cámara Colombiana de Servicios Petroleros (Campetrol), revela que este año los bloqueos al sector petrolero acarrean pérdidas estimadas en 11.400 millones de pesos, llegando a los 206 días. “Son mafias que existen en las regiones que extorsionan a trabajadores y contratistas por permitirles trabajar”, añade.
Otra cosa con la que tienen que lidiar las empresas afectadas son los requerimientos de las comunidades, los cuales van desde obras de toda índole en los municipios, matrículas universitarias, programas para evitar embarazos mientras se desarrollan las obras, traslado de comunidades completas, pasando por la que pidió alojamiento en hotel de cinco estrellas en Cartagena mientras se negociaba, hasta la que exige 2.000 millones de pesos para pagar a sus representantes legales (el caso de Córdoba-Sucre) para comenzar a dialogar.
Las protestas no son del todo pacíficas, muchas degeneran en actos violentos como amenazar con machetes y armas de fuego a los trabajadores, encadenarse a las máquinas, dañarlas y tirar piedra. “El tema de las comunidades se prostituyó porque hay mucho avivato”, insiste un representante de una concesión de carreteras que pidió no ser identificado.
Las pérdidas para las empresas son cuantiosas, pues van desde retrasos en el comienzo de las mismas, como en el caso de la vía Mulaló-Loboguerrero (único proyecto de la primera ola de 4G), aplazamientos cuando ya se adelantan, suspensión de explotación petrolera en algunos campos o pozos, hasta los 12.000 millones de pesos que ya invirtió Epsa en la segunda línea de transmisión a Buenaventura que acaba de renunciar.
Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), manifiesta que uno de los principales retos es lograr que las conversaciones sean técnicas y objetivas dejando de lado la polarización que, sumada a la desinformación, dificultan los diálogos.
Pedro Vargas Núñez
Subeditor Portafolio
