En la evaluación del sistema de recaudo hecha por la Comisión de Expertos tributarios se encontró que desde el Congreso de la República ha proliferado la expedición de estampillas (impuestos municipales), las cuales considera antitécnicas, y por tanto considera necesario eliminarlas.
Dice Ricardo Bonilla, miembro de la comisión, que estos impuestos son “pagados por el mismo sector público, de las estampillas y la contribución sobre contratos de obra pública. Se complementa con una serie de impuestos menores y algunas tasas y contribuciones, que generan pocos ingresos y demandan alta capacidad administrativa”.
En el balance de los expertos tributarios se sostiene que la proliferación de estampillas está generando sobrecostos importantes para las empresas y no siempre se refleja en mayores niveles de recaudo.
Añade Bonilla que la ley estableció una restricción respecto a los impuestos o rentas nacionales de destinación específica, prohibiéndolas, con excepción de las destinadas a la inversión social.
Complementa diciendo que esta limitación se ha aplicado a los impuestos nacionales, quedando espacio para configurar este tipo de rentas en los ingresos no tributarios de la Nación, pero no aplica para las entidades territoriales. Por esta interpretación, el Congreso ha aprobado todo tipo de estampillas y la contribución sobre contratos de obra pública, con destino a municipios y departamentos, para que en su implementación sean reglamentados por concejos y asambleas, con una excesiva laxitud en la definición de sus elementos.
Para compensar el reducido recaudo en otros impuestos, las estampillas han venido proliferando a un ritmo exagerado, especialmente en los departamentos. Se trata de dinero que recibe el fisco local por un lado, pero que puede estarse perdiendo por otro, mediante costos adicionales de los contratos públicos. En el caso de los contratos de obra, por ejemplo, el contratista traslada el sobrecosto generado por las diferentes estampillas al costo de las obras. Por lo tanto, en el balance fiscal del Gobierno subnacional, los ingresos derivados de estas cargas se verían compensados parcial o totalmente por un mayor costo de la inversión.
Ante este panorama, la Comisión de Expertos exhortó al Gobierno Nacional a analizar la vía jurídica apropiada para prohibir la creación de nuevas estampillas y contribuciones sobre contratos de obra pública, tanto por parte del Congreso como de las asambleas y concejos. Así mismo, pide revisar los impuestos que participan poco en el recaudo territorial y analizar la posibilidad de eliminarlos o reemplazarlos por un impuesto único sencillo en un plazo no mayor a dos años.
La discusión está abierta, pero las agencias calificadoras ya están dando su ultimátum.
