Si existe un tópico que conlleva polémica en casi todos los países, es la fijación del salario mínimo. Una decisión que se va acercando en Colombia, para fines de noviembre. Se espera, como ha sido tradición, que se constituya la Comisión Tripartita respectiva. Allí podrá hacer sus planteamientos tanto el gobierno, como los sectores patronales y las organizaciones sindicales.
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En la actual coyuntura, y tal como recientemente lo ha documentado el analista Sergio Clavijo, existen factores que incidirán indiscutiblemente en esta toma de decisión. Uno de ellos es el peligroso nivel de inflación que para los estándares del país se ha elevado con notable ritmo. Ese nivel de elevación generalizada de precios se estima que puede llegar a 4.8 o 5.1 por ciento para el cierre del próximo diciembre.
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Es evidente que ese nivel de aumentos de precios se ha ido devorando el poder adquisitivo de quienes dependen de los salarios, de quienes viven día a día, y de los que obviamente, sobreviven a como dé lugar en los sinuosos caminos de la informalidad o economía subterránea. Quienes tienen el circulante pierden, como es sabido, en dinámicas del sistema económico donde se imponen altas tasas de inflación. La dependencia del salario o ingresos bajos se relaciona con casi el 60 por ciento de informalidad en el país.
Por otra está la estructura de los salarios. Se trata ciertamente de un rasgo del nivel de inequidad que se tiene en el país. Nótese cómo un 80 por ciento gana como máximo de 1.470 millones de pesos -equivalente a dos salarios mínimos. Esto es, un nivel cercano a los 500 dólares mensuales. Es decir, y este es un rasgo más que fundamental, se tiene un mercado interno muy reducido en el país, una demanda interna que no puede apalancar procesos de producción, empleo y productividad en sectores empresariales que podrían tener, de otra manera, una mayor cobertura y sostenibilidad en sus operaciones.
Un tercer factor es la persistencia del desempleo y que el país entra en una fase de post-conflicto. Es decir que el crecimiento económico que se tiene en Colombia, no jalona tanto como quisiéramos la promoción y el sostenimiento de empleo. Sin ello se tiende a perder una correa de transmisión que puede posibilitar que el crecimiento se traduzca, mediante oportunidades a la población, en mayores niveles de desarrollo humano, económico y social.
En cuanto al posconflicto, las esperanzas pueden centrarse en varias perspectivas: (i) aumento de la inversión en la economía real; (ii) fomento de turismo que es un sector que presenta gran efecto multiplicador en la creación de oportunidades laborales; y (iii) posibilidad del desminado y de la disminución de las víctimas, algo que de por sí puede ir subsanando aspectos de serias heridas humanas y sociales, a la vez que promueve desarrollo rural.
A todo esto, se tiene en 2017 un año pre-electoral. Desde ya, casi cualquier tema es útil para agitar la emotividad, promover una carencia de argumentación propositiva que es cuando más lo necesitamos. Los trabajadores perciben que las negociaciones del salario mínimo pueden ser muy duras, en las inquietantes aguas de la movilización por la caza de votos.
Giovanni E. Reyes,
Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard.
Director de la Maestría en Dirección de la Universidad del Rosario
