Un fallo del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán determinó que la responsabilidad de las inversiones recae exclusivamente en sus propietarios.
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Así lo informaron este jueves la Agencia de Defensa Jurídica y la Superintendencia Financiera, al señalar que la decisión recae sobre un paquete de demandas de 73.611 personas que se vieron afectadas con las captadoras DMG, Drfe y otras que proliferaron en el 2009.
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Esas personas demandaron al considerar que hubo omisión del Estado, y que debió evitar el daño.
Con esto, la decisión judicial reiteró que ninguna de las entidades del Estado (superintendencias Financiera y de Sociedades, ministerio de Hacienda, Presidencia, Fiscalía y demás que han sido demandadas), cumplieron con sus funciones de manera adecuada y a hoy continúan advirtiendo constantemente sobre los riesgos de dichos esquemas de captación ilegal.
"El deber de diligencia debe exigirse también a los inversionistas, pues son los responsables del manejo de su dinero", señaló el superintendente Financiero, Jorge Castaño Gutiérrez. Añadió que hay otros 284 procesos pendientes, con pretensiones por 22,4 billones de pesos.
Entre tanto, Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia de Defensa Jurídica, señaló que las distintas entidades han trabajado de manera coordinada en el tema.
Luisa Gómez Rodríguez
Subeditora de Portafolio
