Con tres decretos, que entraron en vigencia hace unos días, el Ministerio de Hacienda les dictó nuevas líneas de buen gobierno a buena parte de las entidades de economía solidaria del país.
El paquete normativo incluye a cooperativas de ahorro y crédito, de multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, y a los fondos de empleados de categoría plena, para los cuales la cartera de las finanzas públicas decretó un catálogo de criterios mínimos de gobernabilidad, en áreas relacionadas con divulgación de información para asociados, convocatoria y políticas mínimas para celebrar asambleas generales, y elección de la junta directiva, por mencionar algunas.
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“El Decreto proporciona elementos y parámetros de buen gobierno para el sector de la economía solidaria, que reflejan recomendaciones internacionales y buenas prácticas observadas en el diagnóstico elaborado con la participación del sector”, explicó el Minhacienda, como respuesta a un cuestionario enviado por este diario.
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OTROS ASPECTOS
Lo relevante es que, además de los puntos ya mencionados, la normativa también les dicta mínimos acerca de selección del gerente y la relación entre órganos de administración, independencia de la revisoria fiscal, cómo manejar conflictos de interés, según se detalla en los decretos.
“Más que establecer nuevas exigencias, el Decreto 962 del 2018 introduce criterios mínimos para que estos elementos sean desarrollados de forma efectiva, a la par que enfatiza la necesidad de que se estructuren los esquemas de buen gobierno de las organizaciones en instrumentos formalizados que sean de conocimiento de todos los asociados, como es el caso de sus estatutos sociales, reglamentos y manuales”, concluyó la entidad.
También se actualizaron y compendiaron otras normas anteriores.
