La cobertura de seguros de cumplimiento y responsabilidad civil para el Estado, sus empresas y funcionarios está pendiendo de un hilo, tras unas diferencias en la interpretación por parte de la Contraloría General de la Nación de unas normas sobre el contrato de seguros.
Así lo advirtió ayer el presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, quien señaló que esto tiene serias implicaciones para el desarrollo de obras que corren por cuenta de entidades estatales, toda vez que, en las condiciones actuales, no contarían con estas pólizas claves para su actividad.
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Según el directivo, como parte de la Ley de Responsabilidad Fiscal, las aseguradoras, a requerimiento del Estado, celebran contratos de seguros para amparar a los funcionarios y entidades por responsabilidad civil y cumplimiento, con unas condiciones en materia de riesgos, cuantías y plazos que son definidos entre las partes.
Sin embargo, la Contraloría señaló recientemente que, a su juicio, los aseguradores deben responder como si fueran los causantes del detrimento patrimonial, "que de ser así, pone a las compañías frente a riesgos que no pueden medir y por ende no pueden definir qué prima cobrar, lo que trae como consecuencia un retraimiento del sector. Hoy por hoy, en materia de cumplimiento y responsabilidad civil, el Estado es inasegurable", dijo Botero.
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Según el directivo, si el tema no se resuelve habrá además un impacto en la credibilidad y posición de Colombia ante el mercado reasegurador mundial.
INESTABILIDAD EN PENSIONES
El presidente de Fasecolda señaló que otro de los temas en donde la inseguridad jurídica está afectando esta industria es en los ramos de seguridad social relacionados con pensiones.
Con esto, hace referencia a decisiones de Cortes sobre las rentas vitalicias y la protección de los riesgos de invalidez y muerte de los cotizantes en el régimen de ahorro individual. "El asegurador asume compromisos de largo plazo que para él resultan inmodificables. Por lo tanto, cuando se alteran por los jueces los requisitos legales para acceder a los beneficios, o se añaden nuevos beneficiarios con posterioridad al momento de la celebración del contrato, se le causa un daño irreversible".
Esta situación viene de tiempo atrás y se está tornando cada vez más compleja, toda vez que las compañías han emprendido la retirada de las rentas vitalicias y hoy son ofrecidas por una sola compañía en el sector.
"Mientras los jueces puedan modificar los contratos, sin que eso implique recaudos complementarios, no habrá voluntad de prestar esas coberturas", afirmó el directivo.
A esto, añadió que, sea cual sea la reforma pensional, "no se podrá contar con el concurso del sector asegurador si no se dan los correctivos".
En ese mismo sentido, Botero Angulo manifestó la necesidad de reformar la tutela, cuyo uso ha dejado de ser extraordinario para convertirse en un mecanismo que altera decisiones tomadas.
