La derogatoria de la reforma a la Ley de Garantías, declarada el jueves por parte de la Corte Constitucional, pese a que afectaría un total de 645.495 contratos por más de $52,3 billones en los 32 departamentos y Bogotá, desde el pasado 13 de noviembre, no tendría un mayor impacto en la economía.
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Así lo dijeron exfuncionarios públicos y economistas, quienes coincidieron en que el Gobierno y el Congreso se equivocaron al pretender hacer una reforma de una ley estatutaria con una de procedimiento ordinario (la del Presupuesto) para continuar contratando con diferentes entidades del orden nacional y departamental en periodo de elecciones.
Del universo de contratos, según la Contraloría General, hay un poco más de 3.300 convenios firmados entre la Nación y los entes territoriales por $6,5 billones, que quedarían en el aire.
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El fallo exceptúa los contratos para atender necesidades en materia de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable y vivienda y los que terminaron.
Para Andrés Pardo, exviceministro de Hacienda, a nivel macroeconómico la decisión de la alta corte “per se, no va a tener repercusiones tan importantes. Tiene impactos políticos en la campaña presidencial pues cada candidato va a tomar su posición de acuerdo con su conveniencia”.
El economista dijo que habrá que hacer un corte de cuentas para determinar las responsabilidades del Congreso y el Gobierno en este tema y además qué dineros se han girado y qué avance en los contratos se adelantaron hasta el jueves pasado cuando se produjo el fallo. Sí anticipó que “en lo jurídico el tema es delicado pues puede tener implicaciones sobre las distintas partes que estuvieron involucradas”.
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El exministro de Hacienda,Juan Camilo Restrepo, cree que el fallo no tendrá repercusiones graves “y es una señal de alerta de que no se puede manejar con ligereza una medida que era inconstitucional. Solo los contratos para facilitar la politiquería se deben deshacer, en lo que se puedan deshacer, y en los otros habrá que ver cómo se arreglan”.
El fallo de la Corte también exceptúa los contratos que tengan que ver con la defensa y la seguridad del Estado, los de crédito público, los destinados a emergencias sanitarias o para la reconstrucción de vías.
Al respecto, el economista Jorge Restrepo considera que es necesario mirar que “en las zonas PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), establecidas como las zonas de pacificación, debieron haber sido excluidas de la Ley de Garantías”.
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Aseguró que son una minoría de contratos que pueden afectarse como los de obra pública y confió en que algunos contratos necesarios como los que obligaban al retorno a la presencialidad y a algunas obras de infraestructura a nivel local se mantengan.
Para el profesor de Economía Guillermo Sinisterra, no es claro qué va a pasar con la contratación que se alcanzó a suscribir y se pagó. “Si hay que echar para atrás, esto podría tener un impacto grande pues se ejecutaron varios billones de pesos”, aseguró el académico.
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