Ley de financiamiento tiene poco margen de maniobra y dejaría beneficios retardados

Ley de financiamiento o reforma tributaria son dos términos que se han mencionado mucho durante las últimas semanas, puesto que el plan de reactivación que anunció el Gobierno Nacional, y que espera tener listo en seis semanas, contiene una arista dedicada a este tema, por medio del cual espera recaudar $12 billones el próximo año, según cuentas presentadas por el Ministerio de Hacienda, para tapar el hueco fiscal que el Confis todavía calcula hoy en $25 billones.

En palabras del presidente Gustavo Petro, se trata de “una ley financiera, que debe equilibrar el Presupuesto que se presentó ya al Congreso de la República. Algunos dicen que quieren devolverlo; sólo harían profundizar más las posibilidades de crisis y debilitar más las posibilidades de reactivación”, recordando que el único camino es el diálogo para buscar salidas hacia el desarrollo del país.

Si bien el Ministerio de Hacienda asegura que todo está claro y que la ley de financiamiento se moverá por dos líneas rojas, que son no tocar el IVA y respetar la canasta familiar, cálculos en el panorama económico local advierten que hay muchos cabos sueltos y que, como van las cosas, serían más los efectos negativos y los efectos buenos en materia de recaudo sólo se verían hasta el 2026.

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Basta con recordar las palabras de María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, quien en el foro de reactivación económica que organizó la Presidencia en Manizales, dijo que no es tiempo de anuncios y que por el contrario, lo que se necesita es conocer datos concretos que muestren por dónde irán las acciones de Gobierno.

“Dejemos de hablar de que vamos a hacer un acuerdo nacional. Digamos que hoy hicimos el acuerdo nacional y empezamos a ejecutar y hacer cosas, porque no nos podemos demorar siguiendo hablando de que vamos a hacer un acuerdo. Los quiero invitar a que este sea el punto de quiebre que logramos hoy un acuerdo nacional para seguir trabajando juntos en todos estos seis sectores de la economía”, sostuvo.

Otro personaje que también ha mostrado sus reparos a la ley de financiamiento es el presidente de la Andi, Bruce Mac Master. Para este vocero gremial, lo que se busca no es otra cosa que una reforma tributaria, que en últimas terminará impactando el crecimiento, en tiempos en los que indicadores como el consumo y la producción necesitan un impulso para dejar atrás la mala racha.

“En este momento, después de la reforma tributaria del año 2021, de la reforma tributaria del año 2022, la más grande de la historia en Colombia, uno puede estar seguro de que ni los hogares colombianos, ni los emprendedores, ni las pymes, ni las empresas tienen cómo transferir más recursos al Estado para que gaste, invierta o haga inclusive algunos gastos importantes en términos de inversión social”, señaló.

Mac Master fue claro en que por el contrario, “el Estado va a tener que ajustarse a los recursos que tienen” y que “la única reforma fiscal posible en este momento es el recorte del gasto. Que el Estado acepte que el tamaño de la economía es el que tenemos hoy en día, que las capacidades de la economía son las limitadas que tenemos y que se ajuste a esto”.

Por ahora lo único que se sabe es que las cuentas del Consejo Superior de Política Fiscal hablan de un hueco que de $24 billones en el presupuesto del próximo año, que el Ministerio de Hacienda espera tapar con la propuesta de adelantar el cumplimiento de la regla fiscal para que el faltante se reduzca en $12 billones y de esta manera dejar el faltante en la ley de financiamiento.

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No obstante, para el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, esta falta de claridad lleva a que se genere una gran especulación, puesto que desde su perspectiva no hay margen de maniobra y nuevamente las personas naturales serán objetivo de este cambio en el esquema tributario que se piensa realizar.

“Una de las propuestas es aumentar el impuesto a las personas naturales de altos ingresos reduciendo beneficios. Eso ya se hizo en el 2022. Entonces, habría que ver exactamente cuál es la propuesta y cuántos recursos adicionales dará. Por otra parte, no veo ningún ambiente político, es una propuesta que en el Congreso tiene, yo diría que muy escasa probabilidad de ser aceptada ya incluso el presidente del Senado se declaró en contra”, acotó Ocampo.

Para este economista, “el Gobierno está subestimando los ingresos tributarios. Creo que la reforma tributaria, el conjunto de reformas tributarias del 2021-2022 va a dar más recaudos este año de lo que están programando”, por lo que aconseja a las autoridades financieras que tengan paciencia antes de hacer cualquier movida.

El exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, señaló que en lugar de buscar nuevos ingresos, lo primero que debe hacer la Casa de Nariño es entender que “el presupuesto para el próximo año está inflado de manera desproporcionada, según el Gobierno, los ingresos tributarios crecerán cerca de $60 billones, que equivalen a 22,5%”; para que de esta forma se centren en un recorte del gasto.

“Pensar en tal incremento en el recaudo tributario cuando el país tiene un crecimiento inferior al 2% es un absoluto despropósito. Terminará de destruir la inversión, destruirá gran cantidad de empleos y nos llevará sin duda a una recesión… El Congreso debe exigir un recorte real y significativo del gasto. No hay de otra”.

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Al igual que los demás analistas consultados por Portafolio, Londoño sostiene que “no entiendo qué impuestos puede tocar, ya que el mismo Presidente ha manifestado que no se ampliará la base de renta de personas naturales y no se tocará el IVA. No se entiende cómo se pretende aumentar el recaudo. Los actuales contribuyentes no tenemos cómo asumir esa mayor carga tributaria”.

Por último, Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la región Andina, mostró escepticismo frente a la capacidad del Gobierno para recaudar los $12 billones necesarios para 2025, sin recurrir a impuestos sobre la renta, ya que cualquier incremento en este rubro generaría ingresos solo en 2026. Asimismo, plantea dudas sobre la posibilidad de que decida aumentar el IVA, considerando el contexto político y la oposición previa a esta medida.

“Este fue el Gobierno que cuando se intentó tocar el IVA, cuando era oposición, sacaron hasta al ministro Carrasquilla en su momento por eso, para allá en el 2021. Entonces, uno lo que dice, ¿será que se van a atrever a tocar el IVA? Ahora que ellos están en el poder. Por eso yo no creo, porque me queda muy difícil entender, por eso quiero ver este proyecto”, concluyó.

De esta forma no resta más que esperar para conocer cuáles son los puntos que tratará el Ministerio de Hacienda con la ley de financiamiento que presentarán ante el Congreso, mientras que el escepticismo sigue reinando en los mercados y el tiempo para poner en marcha un plan de reactivación se acaba.