Mantener una buena o aceptable calificación crediticia de un país como Colombia por parte de las agencias encargadas es una tarea dispendiosa debido a los pocos ingresos y muchos gastos de los gobiernos en los presupuestos generales.
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Para tratar de mantener el déficit ‘en cintura’, el gobierno colombiano promulgó la famosa Regla Fiscal, mediante la ley 1473 de 2011, por la cual se tenía que rebajar el déficit paulatinamente hasta llegar a un 1% en el año 2022.
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Pero el país ha tenido la necesidad de cambiarla para hacerla más acorde a los tiempos de ‘vacas flacas’. En abril pasado se reunió el Comité Consultivo de la Regla Fiscal y acordaron flexibilizarla, con tal que para el 2019, pasó de un déficit permitido de 2,2% hasta 2,4%, para finalmente ubicarla en el ansiado 1% hasta el 2027.
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Y precisamente, este es uno de los argumentos del gobierno de Iván Duque para lanzar su Ley de Financiamiento, reunir 14 billones de pesos de faltante para el presupuesto de 2019, al mismo tiempo que cumplir con ese déficit de -2,4%.
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Para muchos, incluido el Gobierno, no cumplir con esta norma llevará al país directamente a que se le rebaje la calificación.
Actualmente, Fitch tiene a Colombia en BBB Estable, Moody’s en Baa2 negativa y S&P en BBB- Estable. Esto significa estar en el umbral de perder su grado de inversión.
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Para Hernán Alzate, vicepresidente de tesorería de Bancolombia, el gran activo de la economía colombiana es mantener el grado de inversión y para eso no solo basta con una Ley de Financiamiento sino también una reforma laboral y pensional. El Gobierno, además, debe ser mucho más juicioso en el tema del gasto.
“Lo importante para las calificadoras es la credibilidad en los mensajes, a la reforma anterior (2016) se le catalogó como reforma estructural, lo único que se hizo fue aumentar el IVA y ahora estamos en lo mismo. Por eso nos sacaron tarjeta amarilla”, agrega Alzate.
Andrés Langebaek, director de estudios económicos del Grupo Bolívar, afirma que no cumplir la regla fiscal “no me parece que esto sea el fin del mundo”. Añade que “entre un 2,4% (Regla Fiscal) y 2,7% de déficit fiscal para el 2019 no hay mucha diferencia y el grado de inversión de Colombia debería mantenerse”.
Argumenta que las calificadoras ven que el país está demostrando que está haciendo lo posible por su buen desempeño económico, que se preocupa por la cuestión macroeconómica y que tiene un déficit fiscal modesto comparado, por ejemplo, con el resto de América Latina. “Tendría mucha tranquilidad en ese tema”, asevera Langebaek.
Camilo Pérez, gerente de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, aclara que mantener la calificación depende en gran medida de lo que salga en la Reforma Tributaria. Cree que por las cifras que se van a lograr, en el 2019 no será complicado mantener la calificación. Pero lo que preocupa es que a partir del 2021 podría tener un déficit y no mostrar sostenibilidad fiscal.
“Las calificadoras nos cuestionarían y tendríamos otra vez la amenaza de una reducción en la calificación y, como ya lo comentaron, la pérdida del famoso grado de inversión. Por lo pronto y en el corto plazo yo creo que aguanta. En el mediano plazo volveremos otra vez a que se requiere algo estructural para cambiar la situación de vulnerabilidad”, explica.
Para Sergio Clavijo, presidente de Anif, el tema es sencillo: “La gente que de afuera analiza las cifras de Colombia no le cree a la regla fiscal porque no es una regla seria y escrita con unos parámetros claros, si no que, en mi opinión, es una regla que llamamos ‘tiro al blanco móvil’. Se mueven los parámetros de alguna manera para hacerla cumplir, pero no es creíble”.
Alzate finaliza diciendo que si lo que se logre en la Ley de Financiamiento no es aceptable para las calificadoras, podemos tener una sorpresa no grata y la cobran los mercados.
