Tras la renuncia de los ocho miembros de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y de la polémica desatada en diferentes sectores empresariales, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, continuaba -al cierre de esta edición- sin anunciar los nuevos integrantes.
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Mientras se esperaba el anuncio, la calificadora Fitch Ratings anunció la disminución de la calificación grado de inversión a escala internacional de EPM a ‘BBB-’ y manifestó que la perspectiva se mantiene en observación negativa.
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Esta decisión, según Fitch Ratings, estuvo justificada en “una mayor intervención del propietario de EPM (la ciudad de Medellín) en la gestión de la empresa, lo que representa un deterioro de los controles de gobierno corporativo”.
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Asimismo, la calificadora señaló que las recientes decisiones tomadas por la empresa “son contrarias al Acuerdo de Gobernabilidad, suscrito el 23 de abril de 2007, entre Medellín y la dirección de Empresas Públicas de Medellín”.
A su vez, la calificadora de riesgo Moody’s, en un informe elaborado sobre la actual situación de EPM, había advertido que “la renuncia del directorio expone una frágil estructura de gobierno corporativo bajo el 99,9% de propiedad del Municipio de Medellín, y la mayor exposición de la empresa a riesgos políticos. De hecho, el alcalde tiene amplio poder para nominar a todos los restantes ocho miembros de la junta sin mayores restricciones”.
Sobre el cambio de junta en EPM, la Asociación Colombiana de Administradoras de Pensiones y Cesantías (Asofondos) expresó su preocupación y advirtió que la renuncia en bloque “deteriora la credibilidad de los inversionistas frente al manejo de la empresa bajo estándares profesionales y buenas prácticas de gobierno corporativo”.
Asimismo, desde el gremio se había pedido recomponer la Junta de EPM con miembros “realmente independientes y con una trayectoria profesional comprobada”.
