El sector de la infraestructura está buscando salidas para derrotar la corrupción. Según Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), una de las acciones que han tomado ha sido la de trabajar junto con la Procuraduría para detectar anormalidades en los procesos de contratación en las regiones, con lo que han logrado evitar que se asignen medio billón de pesos en contratos de licitaciones irregulares.
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Portafolio también habló con Caicedo sobre la necesidad de reglamentar los pliegos tipo, el programa de las autopistas de cuarta generación (4G) y el Congreso de Infraestructura, que inicia mañana en Cartagena.
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Luego del anuncio del Gobierno para impulsar las vías 4G, ¿hay mayor optimismo?
El Gobierno ha tomado una decisión acertada. Esperamos que el plan de acción que presentó la Vicepresidenta y la Ministra de Transporte pueda solucionar las dificultades que han presentado los proyectos. Y con ese ejercicio logramos tranquilizar al sector financiero, evitamos demoras en los proyectos y un ambiente litigioso.
Tiene razón la Ministra de Transporte en decir que lo ideal es que nos miremos a la cara los concesionarios y el Gobierno como socios y no como contrapartes.
En el congreso van a firmar un pacto con la Procuraduría, ¿de qué se trata?
Hemos venido trabajando de la mano con la Procuraduría para tratar de frenar el avance de los procesos licitatorios amañados. Con eso logramos detener ese tipo de contratos por cerca de medio billón de pesos. Eso tiene que ver con la vieja preocupación del gremio, que son los pliegos tipo, por lo que le vamos a pedir al Gobierno que acelere el proceso de reglamentación.
En resumen, el convenio con la Procuraduría tiene la misión de propugnar por la transparencia en los procesos licitatorios.
¿Ese medio billón fueun dinero que se salvó?
La CCI tiene un observatorio de contratación, a través del cual analizamos las quejas que presenta el mercado o los ciudadanos, y se reconocen anomalías en los procesos licitatorios. Con eso, nos ponemos en contacto con la Procuraduría y la entidad le pone un freno a la fase final de esos procedimientos.
¿Por qué se ha demorado más de lo que sedijo en su momento la reglamentación
de los pliegos tipo?
Es un proceso complejo. La esperanza que tenemos es que la culminación del primer decreto reglamentario del pliego tipo coincida con los días de la realización del congreso. Esperamos que el Gobierno le lleve buenas noticias, en ese sentido, a los afiliados.
Dado que la situación fiscal del Gobierno es todavía apretada, ¿cómo se va a impulsar el sector en el 2019?
En época de vacas flacas hay que priorizar y hemos coincidido con el Gobierno en ese sentido. Las prioridades entonces son la culminación de los dos corredores de comercio exterior más estratégicos, que son Bogotá-Buenaventura y Bogotá-costa Caribe; la terminación del Túnel de la Línea y poner en marcha la APP para recuperar la navegabilidad del río Magdalena.
De otro lado, le hemos dicho al Gobierno que tenemos que ir organizando un banco de proyectos. En esas iniciativas estratégicas creemos que debe ir incluido el corredor Buenaventura-Puerto Carreño, cuyos estudios de prefactibilidad ya se están adelantando.
¿Qué posición tiene el gremio sobre la posibilidad de ponerle peajes a las motos?
Hay personas que piensan que, dado el auge de la utilización de ese tipo de vehículos, podría pensarse en la posibilidad de cobrarle ese peaje a las motos; pero cualquier decisión al respecto quisiéramos concertarla con el Gobierno.
¿Qué se puede hacer para evitar que sigan ocurriendo problemas como lo que pasó
con el Chirajara y pasa con Hisgaura?
Como sucedió con Chirajara, no emitimos una opinión hasta tanto la interventoría y el Gobierno no expresaron la suya. Queremos obrar con el mismo criterio en relación con lo que ha sucedido con el puente Hisgaura.
Pero insisto en que esos son asuntos aislados, teniendo en cuenta que en Colombia tenemos una tradición puentera exitosa y creo que podemos seguir en esa senda. Un ejemplo de ello es que tenemos 3.415 puentes en la red vial no concesionada y 1.540 intervenidos por la red concesionada y han sido muy pocos los que han tenido alguna dificultad.
Teniendo iniciativas como las de las vías terciarias ¿se viene un impulso para el 2019 a las pymes?
Sí. Nosotros insistimos en la necesidad de meter a las pymes en la foto del avance y desarrollo de infraestructura. El enemigo número uno de estas empresas es la corrupción, puesto que no tienen acceso a la contratación en las regiones.
Por eso, estamos reclamando para las pymes una política y el punto más importante para ello tiene que ser la lucha contra la corrupción y ahí lo más importante tiene que ser la reglamentación del pliego tipo. En segundo lugar, queremos relegitimar la figura del anticipo, que es clave para las pymes.
Más allá de una política, ¿hay posibilidades en el corto plazo de que se le de un mayor impulso a las pymes de ingeniería?
Por cuenta de las regalías en estos tres años que vienen vamos a contar con cerca de $17 billones, de acuerdo con los reportes del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Entonces van a haber muchas oportunidades de trabajo para las pymes en las regiones, de allí la importancia de que se reglamente pronto la figura del pliego tipo. De lo contrario, podríamos correr el riesgo de que buena parte de los recursos se pierdan y se vayan por el camino de la corrupción.
María Camila González Olarte
