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Gobierno

24 ene 2018 - 11:54 a. m.

3.038 máquinas tragamonedas fueron destruidas por las autoridades en 2017

De acuerdo con el presidente de Coljuegos, Juan Pérez Hidalgo, estos elementos operaban sin autorización, por lo que habrían dejado de aportar más de 8.000 millones de pesos a la salud.

Coljuegos máquina trgamonedas

Las más de 3.000 máquinas electrónicas tragamonedas, que operaban sin autorización, dejaron de aportar más de 8.000 millones de pesos a la salud.

Cortesía Coljuegos

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En el 2017 se logró la cifra más alta de destrucción de elementos de juegos de suerte y azar por parte de Coljuegos, con 3.933 artefactos que operaban sin autorización a nivel nacional, y representaban una evasión estimada en el pago de derechos de explotación de 15.400 millones de pesos, valor que se deja de percibir por año,

De estas, 3.038 eran máquinas tragamonedas que al funcionar en la ilegalidad dejaron de aportar aproximadamente 8.068 millones de pesos a la salud del país.

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“Los esfuerzos de Coljuegos en diciembre de 2017 se enfocaron en la destrucción de máquinas tragamonedas que operaban ilegalmente, elementos de juegos de suerte y azar que hacen parte de la modalidad de juegos localizados (casinos, bingos, etc), y que representan el mayor recaudo por derechos de explotación”, afirmó Juan Pérez Hidalgo, presidente de Coljuegos.

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Al cierre del año pasado, agregó Pérez Hidalgo, “el 89,2% de los recursos que mínimo se cobraron, es decir más de 259.455 millones de pesos, fueron recaudados y transferidos a la salud desde estas máquinas. En el caso de otros elementos de juegos de suerte y azar, como mesas y bingos, su recaudo correspondió al 7,9% ($20 mil 397 millones) y 3% ($7 mil 720 millones) respectivamente”.



Coljuegos, entidad que administra el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar a nivel nacional, adelantó los operativos contra la ilegalidad en los juegos de suerte y azar, junto a la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo de la Policía Nacional (Unipol). Este trabajo conjunto permitió el retiro y decomiso de 3.880 elementos en todo el país, representando un aumento del 10% frente a lo conseguido el año anterior (3.524 en 2016).

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