La Refinería de Cartagena (Reficar) salió a defenderse este martes de los señalamientos de la Contraloría General de la República (CGR).
Esta disputa se da minutos antes del debate de control político sobre el tema citado para este martes en el Senado de la República.
Al debate asistirá el contralor Edgardo Maya Villazón, quien hará una exposición detallada de las irregularidades que ha detectado la CGR en la refinería.
La CGR advirtió este lunes que se han presentado numerosos inconvenientes para obtener información de Reficar y CB&I, la firma contratista que desarrolló el megaproyecto de ampliación y modernización. La información se ha venido solicitando para llevar a cabo la Actuación Especial de Fiscalización del organismo de control frente a cómo se adelantó el proyecto.
Maya dijo que “lo que está pasando ha entorpecido el normal desarrollo de nuestras actividades”.
Explicó que la Contraloría se ha visto abocada a reiterar hasta más de 30 veces la solicitudes de información y, además, Reficar y CB&I han abogado en muchos casos para que se les otorgue prórrogas, hasta de un mes en el caso de CB&I, para responder los requerimientos.
Adicionalmente, la CGR denunció que ha recibido información incompleta e ilegible y, en algunos casos, diferente a la solicitada, por lo cual ha sido necesario pedirla nuevamente. Y ha sido preciso también efectuar visitas de campo para constatar y obtener información veraz y oportuna.
Maya resumió así las dificultades que ha encontrado la CGR en la Actuación Especial de Fiscalización que adelanta en Reficar: reiteraciones, prórrogas y limitaciones. Por ejemplo, de la información suministrada sobre 91 contratos de CB&I y 65 de Reficar, ha sido necesario realizar 34 solicitudes de reiteración sobre documentación no encontrada en los contratos analizados.
En cuanto a prórrogas, Maya dijo que la entidad ha hecho 94 solicitudes sobre 362 ítems, entre el 26 de enero y el 27 de abril de 2016, pero entre Reficar y CB&I han hecho 21 requerimientos de prórroga sobre 295 ítems. En algunos casos, CB&I ha solicitado entre 10, 15 y 30 días hábiles adicionales para responder.
Ante estos pronunciamientos, Reficar decidió detallar el proceso de entrega de información que se ha adelantado hasta ahora para desmentir que su colaboración no ha sido la debida.
Según la firma, la Contraloría ha presentado 353 requerimientos de información contenidos en 79 oficios y 4 correos electrónicos, otorgando plazos iniciales de respuesta de 3 o 5 días hábiles. De la totalidad de dichos requerimientos, 222 son responsabilidad de Reficar para su respuesta.
La empresa asegura que “ha brindado información completa y oportuna a un 99,5 %, dentro de los plazos otorgados, incluida las prórrogas acordadas con la CGR en los casos en que ha sido estrictamente necesario”.
Reficar detalla que, de los 222 requerimientos, 88 han tenido prórroga por el volumen y complejidad de la información solicitada. Un solo requerimiento, que demanda un alto procesamiento de información, no se ha podido responder en su totalidad en el plazo fijado, dado que la respuesta requiere del insumo de terceros, situación explicada a la Contraloría.
Sobe los 19 requerimientos de información a Foster Wheeler, la firma dice que 4 son de responsabilidad exclusiva de esta compañía y 15 son compartidos con Reficar. En total se ha dado respuesta oportuna a un 99,5% de estos.
Por otra parte, la firma culpa a CB&I de las fallas en la entrega de información. Dice que, en el caso de los 112 requerimientos con destino a CB&I y trasladados formalmente por Reficar a dicha compañía, la empresa ha dado respuesta dentro de los plazos previstos a solo 31 de ellos; es decir, al 28 %. Del total de estos requerimientos quedan 81 pendientes de respuesta de fondo por parte de CB&I, “pese a la insistencia de Reficar y de la Contraloría para que dé respuesta oportuna y completa”, añadió la firma.
Reifcar también informa que, aunque en un inicio la Contraloría y CB&I acordaron una relación directa para gestionar los requerimientos del ente de control, la CGR requirió de nuevo su vinculación como intermediario. Esto, debido a los incumplimientos de CB&I.
Los hechos identificados hasta el momento son el resultado de un estudio sectorial de la Contraloría Delegada de Minas y Energía, que encontró sobrecostos por más de 4.000 millones de dólares en la ejecución del proyecto.
