Los partidos políticos manejan millonarios recursos, tanto públicos como privados. En su mayoría, los partidos y movimientos significativos de ciudadanos basan su funcionamiento en dineros públicos que les asigna el Consejo Nacional Electoral (CNE). Otra parte menor de sus ingresos para funcionamiento proviene de los aportes de particulares.
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“En Colombia se estableció que las organizaciones políticas que pueden tener acceso a recursos de financiación para su funcionamiento son aquellas que tienen personería jurídica, y para acceder a ella se requiere que esta organización tenga un apoyo de al menos el 3% del total de votos válidos en el Congreso de la República, ya sea para senado o para cámara de representantes. De esta manera el Estado colombiano lo reconoce como partido político y así le establece la distribución de recursos anuales para que dicho partido político pueda funcionar”, explica Camilo Mancera, coordinador jurídico de la Misión de Observación Electoral (MOE).
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Cumplido el requisito de la representatividad mínima expresada en votos, lo que se traduce en la personería jurídica, un partido o movimiento ciudadano puede acceder a los recursos públicos destinados al financiamiento de la política.
Estos recursos se distribuyen bajo criterios estrictos definidos en la ley 1475 de 2011. Estos son:
- El 10% se distribuye por partes iguales entre todos los partidos o movimientos políticos con personería jurídica.
- El 15% se reparte en partes iguales entre los partidos o movimientos que hayan obtenido el 3% o más del total de votos emitidos válidamente en la última elección de Senado o de Cámara de Representantes.
- El 40% se distribuye también en partes iguales entre todos los partidos o movimientos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección del Congreso de la República, sumando ambas cámaras.
- El 15% se distribuye por partes iguales entre todos los partidos o movimientos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección de Concejos Municipales.
- El 10% se distribuye por partes iguales entre todos los partidos o movimientos políticos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección de Asambleas Departamentales.
- El 5% se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos o movimientos políticos en proporción al número de mujeres elegidas en las corporaciones públicas.
- El 5% se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos o movimientos políticos en proporción al número de jóvenes (entre 18 y 26 años) elegidos en las corporaciones públicas.
“Esta es la forma en la que se distribuye la ‘bolsa’ de recursos que se aumenta todos los años de acuerdo con el IPC (Índice de Precios al Consumidor) y es lo que manda el Ministerio de Hacienda para que se reparta con fines de funcionamiento de los partidos”, explicó a Portafolio.co, el magistrado Felipe García, integrante del CNE.
Para Mancera es claro como en estos criterios se ven los principios que rigen la financiación de los partidos: la igualdad, la proporcionalidad en la representación, y la equidad.
El uso de estos recursos también está reglamentado por la misma ley. “No es que los partidos políticos puedan utilizar esos recursos de la financiación estatal para fines distintos a los que dice la norma”, agregó el magistrado García. “Se deben usar para el funcionamiento de sus estructuras regionales, locales; para la inclusión efectiva de mujeres, jóvenes y minorías; para el funcionamiento de centros y fundaciones de estudio, investigación y capacitación; para dar apoyo y asistencia a sus bancadas; para cursos de formación y capacitación política y electoral, para la divulgación de sus programas y propuestas políticas, y para el ejercicio de mecanismos de democracia interna previstos en sus estatutos”, indicó.
LAS CIFRAS
De acuerdo con el magistrado Felipe García, “el valor que se distribuyó en el año 2017 para el funcionamiento de los partidos políticos reconocidos fue de 36.200 millones de pesos en números redondos, aplicando los criterios establecidos en la ley. El partido que más recibió fue el partido de la U, sumando todos estos criterios fue el que más dinero recibió”.
Estos recursos públicos no están exentos de control por parte de las autoridades.
“En la misma Ley 1475 se establece que los partidos deben rendir cuentas en el primer cuatrimestre del año, por lo que usualmente organizan todo su informe contable durante el primer trimestre del año, y tienen plazo para enviarlo al Consejo Nacional Electoral hasta el 30 de abril de cada año. En ese momento reportan ingresos y gastos del año inmediatamente anterior”, indica Sandra Martínez, coordinadora del programa de transparencia en la política de Transparencia por Colombia.
Es a partir de esta información que el CNE revisa y procede a calcular el ajuste correspondiente a inflación para definir el monto del dinero que se le girará a ese partido para el próximo año.
“Desde el principio de este año se ha trabajado en el módulo para que los partidos lleven sus libros contables en Cuentas Claras, no solo de las campañas, como ya se venía haciendo, sino también de sus recursos de funcionamiento”, afirma Martínez. Gracias a esta iniciativa, la ciudadanía ya puede revisar directamente las fuentes de los recursos de los partidos políticos y el uso que estos hace del dinero.
Precisamente, de acuerdo con lo reportado por los mismos partidos en el aplicativo de Cuentas Claras de Transparencia por Colombia y el Consejo Nacional Electoral, estos fueron los ingresos que cada uno de los partidos recibió por concepto de financiación estatal para funcionamiento en el 2016:
- El Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais): 586.445.801 pesos.
- El Partido Autoridades Indígenas de Colombia (Aico): 627.929.236 pesos.
- El Movimiento Mira: 1.157.389.051 pesos.
- La Alianza Social Independiente: 1.009.135.305 pesos.
- La Alianza Verde: 2.329.697.733 pesos.
- El Partido Cambio Radical: 3.941.055.535 pesos.
- El Partido Conservador: 5.095.650.168 pesos.
- El Partido Liberal: 6.092.531.043 pesos.
- El Partido Opción Ciudadana: 2.115.166.326 pesos.
- El Partido Polo Democrático Alternativo: 1.529.236.354 pesos.
- El Partido de la U: 6.282.608.561 pesos.
- El Partido Unión Patriótica: 283.702.678 pesos.
- El Partido Centro Democrático: 3.715.199.525 pesos.
De acuerdo con el reporte hecho por los propios partidos y movimientos políticos, en 2016 estos recibieron por parte del Estado 34.765.747.316 pesos para funcionamiento.
EL PARTIDO DE LAS FARC
Como parte del proceso de paz con las Farc, se estableció en el acto legislativo 3 del 2017 que, una vez terminado el proceso de dejación de armas, el grupo guerrillero podría participar conformar su propio partido o movimiento político. Así nació el movimiento Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc). Al nacer bajo condiciones especiales, este movimiento tiene establecido un mecanismo de información igualmente particular.
“Ellos entran bajo unas reglas especiales consagradas en el Acto Legislativo 3 de 2017, que todavía no ha pasado por la revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. (…) Dice el acto legislativo en su artículo primero que tendrán derecho para su funcionamiento al promedio de lo que reciban los demás partidos políticos. Es decir que se divide la asignación del total de partidos, que en este caso estamos hablando en 2017 de 14 partidos, y ese promedio da lo que les correspondería a ellos por año. Usando los valores de 2017, para funcionamiento les corresponderían 2.585 millones de pesos”, explicó el magistrado García.
Como quiera que la personería fue concedida a principio de año, este valor se prorratea por el número de meses que faltan del 2017, por lo que, una vez quede en firme la resolución de su personería jurídica, les correspondería alrededor de 432 millones de pesos este año.
CONDICIONES ESPECIALES
El acto legislativo incluyó otras prerrogativas especiales que solamente aplican para ellos, como lo es la del centro de pensamiento.
El magistrado Felipe García señaló que “ese centro se financia con un 7% de la apropiación presupuestal, entonces eso equivaldría a 2.533 millones de pesos al año, eso sumaría, entre funcionamiento para el entrante y el centro de pensamiento estamos hablando más o menos de 5.120 millones de pesos, solo para el partido de la Farc, que equivale casi a lo que recibió el Partido Liberal, el segundo partido que más recibió para funcionamiento en el 2017”.
Otra prerrogativa es que para la campaña al senado el próximo año el partido de las Farc tendrá un anticipo de hasta el 10% del tope de gastos que defina el CNE, pero ese anticipo no será reembolsable. Es decir que cuando se dé la reposición de votos, el valor de ese anticipo no se va a descontar, como sí sucedería con otros partidos. Ese 10% equivale a 7.400 millones de pesos aproximadamente.
Para Transparencia por Colombia es muy importante que si bien hay condiciones especiales para el movimiento político de las Farc, se cumplan con las otras normas que los rigen tanto a ellos como a los otros partidos políticos.
“Desde Transparencia por Colombia lo que creemos que es no negociable es que el partido de las Farc no puede estar en ninguna condición de diferencia frente al cumplimiento de los requerimientos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Tienen que presentar su informe en los términos de ley, con la información completa, con la disposición de que todo el mundo pueda entrar a verificar, montar su página web, sus estatutos, etc”, asegura Sandra Martínez, coordinadora de transparencia en política de la entidad.
Frente a la financiación con recursos privados del partido de las Farc, Martínez y Mancera señalan que, al igual que con los aportes que reciben otros partidos, hay que hacer especial seguimiento a este tipo de recursos, haciendo énfasis en determinar con claridad el origen de los aportes para asegurar, al igual que con otros movimientos políticos, que no provengan de ninguna fuente prohibida de financiación.
“Creo que es una de las debilidades más grandes del Consejo Nacional Electoral, y es que el grueso de la revisión que ellos hacen de la auditoría contable es un ejercicio de que cierren las cuentas, es decir que los ingresos y los gastos cuadren, y el equipo que tienen ellos para revisar eso, que es del Fondo Nacional de Financiación Política es un equipo contable que no tiene muchos recursos para avanzar e investigar. Otra cosa es que la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) se meta, o que se meta la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), pero lo que se mira en el CNE es muy sobre la superficie, y a veces en pocos casos encuentran algo particular y lo desarrollan”, señala Martínez respecto a este tema.
Julián Calderón H.
julcal@eltiempo.com
