Debido al “abuso” que ha tenido la figura de los contratos de prestación de servicios en las entidades públicas, el Gobierno de Gustavo Petro quiere limitarlos y que de verdad sean utilizados solo los que están encaminados a realizar labores específicas y especializadas, que son por un periodo establecido de tiempo.
(Lea: Seguridad social para taxistas y otros acuerdos con el Gobierno).
Por ello, las entidades públicas del país están en estos momentos realizando un plan de formalización de empleo y, una vez culminado, podrían llegar a tomar decisiones respecto a los contratistas: si continúan o por el contrario no, pues no cumplen las condiciones.
En total, según Función Pública, para la vigencia del 2022 se suscribieron 911.440 contratos de prestación de servicios, que serían los que se están analizando actualmente. De ellos, 573.758 correspondían a entidades del orden territorial y 337.682 del orden nacional.
Las entidades que suscribieron el mayor número de contratos de prestación de servicios en el orden nacional en el 2022 fueron el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), con 31.380; seguido del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con 6.021; y la Universidad Nacional, con otros 5.841 contratos.
En el caso de las entidades de orden territorial, las de mayores contratos de prestación de servicios fueron la Alcaldía de Cali, con 9.375; seguido de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, con 6.600; y la Subred integrada de Servicios de Salud sur occidente de Bogotá, con 5.171 contratos.
(Además: Presupuesto Nacional de 2022, con $12,5 billones sin ejecutar).
Por tanto, son estas entidades las que mayor trabajo tienen que hacer internamente para verificar si estos contratos están en línea o no de esta figura concebida para casos excepcionales.
La directriz del Departamento Administrativo de la Función Pública es clara: que queden vinculados por prestación de servicios únicamente los trabajadores que se consideren esenciales.
Para César Manrique, director de Función Púbica, en las últimas tres décadas se ha abusado del uso de la figura para realizar labores permanentes en las entidades públicas.
Según una circular, las entidades públicas tienen hasta abril para realizar los estudios técnicos necesarios con los que poder establecer una planta de personal que realmente supla sus necesidades misionales y administrativas.
Pasada esa fecha, en el caso de que los estudios determinen la necesidad de reformar la estructura organizacional interna del ente público, deberán proponer la reorganización que se requiera.
(Siga leyendo: Rezago en giro de subsidios inquieta al sector constructor del país).
La Función Pública advirtió que la formalización del empleo público se promoverá teniendo en cuenta cuatro mecanismos: la provisión de todos los cargos de las plantas de personal existentes y en vacancia; la ampliación de las plantas de personal existentes, siempre que las condiciones técnicas y financieras así lo permitan; la creación de plantas temporales en equidad, con criterios meritocráticos y vocación de permanencia; y el uso racional de los contratos de prestación de servicios atendiendo exclusivamente lo establecido en la ley y en los fallos judiciales.
La Función Pública dio 4 meses a las entidades para formalizar el empleo. Ante ello, la Procuraduría advirtió que es poco tiempo y solicitó agotar las diversas instancias para ajustar las plantas de personal y evitar que la falta de funcionarios genere una parálisis del Estado en todos sus niveles.
(Vea: Gobierno vs. Fedegán: las hectáreas que generan 'choques' entre ambos).
De igual manera, la Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social señaló que no se puede dejar a las entidades “sin el personal necesario e idóneo para atender la demanda de los servicios que prestan a la ciudadanía” e indicó que los entes territoriales disponen de autonomía para adelantar los trámites en materia de plantas de personal.
NOELIA CIGÜENZA RIAÑO
ECONOMÍA Y NEGOCIOS-EL TIEMPO
