La Corte Constitucional de Colombia amplió este jueves los requisitos para acceder y practicar la eutanasia en el único país de América Latina donde está despenalizada.
Seis magistrados votaron a favor y tres en contra de extender el derecho a una muerte digna a quienes padezcan "un intenso sufrimiento físico o psíquico" por causa de una lesión o enfermedad incurable, según la sentencia. Hasta ahora, solo se aplicaba, desde 1997, a pacientes terminales.
La Corte decidió que "no se incurre en el delito de homicidio por piedad" cuando la eutanasia se practica a un paciente que "padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable", mientras el procedimiento sea efectuado por un médico y bajo "el consentimiento libre e informado" del enfermo.
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"El sujeto puede ejercer su derecho a morir dignamente sin que (...) sea penalizado el médico que acude en apoyo del paciente para protegerlo del sufrimiento y preservar su dignidad", añadió.
Los magistrados exhortaron al Congreso para que legisle sobre la eutanasia "con miras a eliminar las barreras aún existentes".
El delito de homicidio por piedad contempla una pena entre 16 y 54 meses de prisión en Colombia.
El Ministerio de Salud reguló en 2015 la eutanasia para pacientes con enfermedades terminales que hayan manifestado, expresamente, su voluntad de someterse al procedimiento y bajo supervisión de un comité médico, pero aún quedan vacíos que impiden el cumplimiento de ese mandato en el país.
"El derecho a la vida no puede reducirse a la mera subsistencia biológica, sino que implica la posibilidad de vivir adecuadamente en condiciones de dignidad", señaló la Corte.
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En América Latina, solo Colombia despenalizó la eutanasia en 1997. En México existe la llamada ley del 'buen morir', que autoriza al paciente o su familia a solicitar que la vida no sea prolongada por medios artificiales, mientras que en Uruguay el Congreso discute un proyecto sobre la eutanasia.
Perú dio un paso adelante con un fallo judicial en febrero que ordenó "respetar" la decisión de una mujer con una enfermedad incurable y progresiva de poner fin a su vida con asistencia médica.
AFP
