El presupuesto del país para el 2020, que por estos días se discute en el Congreso, incluye varios artículos en los cuales gastos como los subsidios saldrían de la emisión de deuda pública.
Hasta el momento, Colombia se ha caracterizado por la seriedad de uso de los títulos de tesorería para grandes proyectos o para apalancar inversión en desarrollo, tanto a nivel nacional como regional.
(Ponentes no ven cómo se va a financiar el presupuesto 2020).
No obstante, a las diversas erogaciones que ya se comprometieron, gracias a los avales del Plan de Desarrollo y la Ley de Financiamiento –ver nota anexa– el Ejecutivo busca abrir más la puerta, por medio del Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2020.
Bien lo dijo un editorial de Portafolio hace unos días: “La estrategia de pagar deudas costosas con la emisión de TES es válida, pero se vuelve muy peligrosa si se usa para cancelar gastos corrientes”.
El articulado incluye la emisión de títulos de deuda, literalmente, “para pagar subsidios para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica que se hayan causado antes de la vigencia de la presente ley o que se causen durante la misma”, es decir, máximo hasta el 31 de diciembre del 2020.
Asimismo, se usarían estos instrumentos para cubrir las pérdidas del Banco de la República, aun cuando el Emisor no proyecta tener número negativos. Es más, en uno de los parágrafos, el Gobierno busca poder tomar parte de sus utilidades para pagar deudas que tengan los órganos de control del país, por cuenta de sentencias judiciales ya definitivas.
(Presupuesto General de la Nación 2020 privilegiará el gasto social).
En segundo lugar, a través del artículo 79, se le permitiría a la Nación “emitir bonos en condiciones de mercado u otros títulos de deuda pública para pagar las obligaciones financieras (...), con el fin de sanear los pasivos correspondientes a cesantías de las universidades estatales”.
El mismo artículo le avalaría endeudarse más para apalancar el pago de algunos bonos pensionales, pero también para tapar las obligaciones a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías), surgidos de sentencias y conciliaciones de los contratos de concesión.
Para Luis Eduardo Arango, exdirector de Crédito Público del Minhacienda, “esto se ve bastante mal y es poco ortodoxo, porque lo que hay es que hay que cuidar las cuentas fiscales (...). Se está rompiendo la ecuación de que el déficit es el que determina el comportamiento de la deuda, y lo que hacen es que están emitiendo gastos que no están afectando el déficit”.
Por su parte, Sergio Clavijo, presidente de Anif, calculó que, como porcentaje del PIB, la deuda del Gobierno Nacional Central “estará pasando del 44% en 2014 hacia 54% del PIB en 2022 (o a niveles superiores), al tener en cuenta la emisión de TES para pagar deudas flotantes de la salud y de demandas a la Nación”, incluso sin contar las novedades del proyecto del Presupuesto del próximo año.
En tanto, Jorge Restrepo, catedrático de la Universidad Javeriana, dijo hace unos días que “preocupa es que se vaya a usar deuda para financiar gasto corriente; el Ministerio de Hacienda tiene que ser responsable, en el sentido de no emitir deuda para financiar gasto corriente de salud, a través de inyección directa en las EPS”.
Los puntos nuevos que trae el proyecto de ley aún no están aprobados y será tarea del Congreso revisar su viabilidad de aquí al 20 de octubre, fecha límite para tenerlo aprobado.
LOS OTROS RUBROS QUE YA HAN SIDO APROBADOS ESTE AÑO
A través de diferentes leyes o normas, el Gobierno de Iván Duque ha aprobado la emisión de títulos de deuda pública para resolver contingencias antiguas y actuales.
Una de estas tiene que ver con lo aprobado en el acuerdo de Punto Final, que busca saldar todas las acreencias de la Nación con diferentes actores del sector salud.
Estos giros ya se están haciendo, a través del compromiso del Estado con títulos TES, autorizados vía leyes aprobadas por el Congreso, que han sido ratificadas por el presidente Duque.
Asimismo, se encuentra la cancelación de pasivos por sentencias judiciales en contra de la Nación, que si bien representan un menor gasto para el país –pues los intereses de los títulos son menores a los de los fallos judiciales–, igual implican usar otro cupo de la deuda.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, lo dijo en su momento: “Vamos a tomar los datos de cuánto es lo que se debe, eso no baja de los $5 billones hoy en día y podría ser significativamente más alto”.
Finalmente, el otro gasto que se asumirá vía mayor endeudamiento tiene que ver con las sanciones por mora en el pago de las cesantías a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Se trata de $1,1 billones que “se entregarán a la Fiduprevisora, entidad fiduciaria que administra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), para atender el pago de las sanciones por mora (...) de las cesantías, causadas a diciembre del 2019”, según una norma del Minhacienda.
Como estos aspectos se resolverían por medio de la emisión de más deuda, los ponentes y coordinadores lo tienen como un punto de análisis para armar la ponencia de primer debate del Presupuesto General de la Nación del 2020, que continuará el próximo lunes a las 9 am. Allí también se discutirá sobre posibles cambios en el pago de vigencias futuras, que si bien no se considera como deuda, le implican un cupo a la Nación.
