El Gremio que reúne a las EPS del régimen subsidiado (Gestarsalud) alertó que el Ministerio de Salud aún no ha socializado el resultado del cargue de información de la base de suficiencia ni los actos administrativos que determinan los valores de esta vigencia, así como tampoco las inclusiones de los estudios para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2024.
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La directora de Gestarsalud, Carmen Eugenia Dávila, señaló que a 12 días de finalizar el año, aún no se conoce de cuánto será el incremento de la UPC para 2024, la decisión que más impacta en la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y recordó que, de no publicarse, antes del 31 de diciembre la resolución que establece dicho aumento, este se ajustaría automáticamente de acuerdo a la inflación causada, lo que traería graves consecuencias financieras para el sector, porque no se estarían considerando otros aspectos como el incremento de frecuencias de uso.
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Cabe recordar, que para el cálculo de la UPC se fijó una metodología que se viene implementando desde hace 20 años, en la que se tienen en cuenta, entre otros factores, la base de suficiencia del sector para establecer el presupuesto.
De acuerdo con la dirigente gremial, para alcanzar la suficiencia de la UPC en 2024, será necesario un aumento real que no amplíe la desfinanciación y que reconozca el comportamiento real de las principales variables de cálculo.
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En una carta oficial enviada al Ministerio de Salud, Gestarsalud solicitó que para el cálculo de la UPC del próximo año, se tenga en cuenta factores como el aumento en las frecuencias de uso, el incremento de la siniestralidad y el incremento del costo en la atención de la población post covid-19, ya que después de la pandemia la población está consultando con más frecuencia.
Así mismo, para el cálculo de la UPC el Ministerio debe considerar la inflación causada y la proyectada, el incremento del costo de la atención de usuarios en zonas dispersas y los traslados masivos de afiliados que han puesto una presión sobre el financiamiento del sistema por la alta demanda de servicios.
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A este panorama, se suma el ajuste al plan de beneficios en salud, con la incorporación de nuevos servicios que anteriormente se financiaban a través de presupuestos máximos. Aunque es un avance significativo en el cumplimiento de la Ley Estatutaria y en la garantía del derecho a la salud, es necesario evaluar el impacto económico que han tenido estas inclusiones en los costos asumidos por la UPC.
Así mismo, en la carta, la directora de Gestarsalud reiteró la necesidad de la unificación de la prima pura de la UPC en los regímenes contributivo y subsidiado, ya que aún existe una brecha entre estos a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional, quién ordenó equipararlas en el 95 %.
Según datos del Gremio, entre 2022 y 2023 esta brecha se ha ampliado llegando al 11 %, es decir que por cada afiliado al régimen subsidiado el Estado dejó de pagar un promedio de $128.637 destinados a cubrir las necesidades en salud de la población más pobre y vulnerable, lo que equivale a aproximadamente $3,3 billones en el agregado nacional.
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Finalmente, el gremio de las EPS del régimen subsidiado alertó que la situación en el financiamiento del sector es crítica y la desfinanciación es evidente. Recordó que el ciclo de pagos de presupuestos máximos ha sido demorado, que a la fecha no se ha revisado ni pagado la mayor ejecución del año 2022 y que aún quedan rezagos de años anteriores. En cuanto al 2023 no se han asignado los recursos para noviembre y diciembre, y la mayor ejecución no se ha revisado ni reconocido.
“Es indispensable que se pague la mayor ejecución que para nuestro gremio asciende a más de $1 billón”, sostuvo Dávila.
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Pese a la desfinanciación del sistema, Gestarsalud reiteró su compromiso con el aseguramiento de los afiliados. “La responsabilidad de nuestras EPS con los usuarios sigue vigente, trabajamos para prestar la mejor atención y garantizar su derecho a la salud de la mejor manera posible. No obstante, estas obligaciones deben estar amparadas con un adecuado cálculo de la UPC y demás recursos que el Sistema debe reconocer a las EPS”, reiteró Carmen Eugenia Dávila.
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