La campaña que llevó a Iván Duque a la presidencia comenzó con la victoria del NO en plebiscito por la paz. Esa coyuntura, hizo reacomodar a las fuerzas de la derecha tanto, a las más radicales, como las que se reivindican en el centro, pero en sintonía con esa fuerza.
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El proceso de paz con las Farc y el diálogo en curso con el ELN, estuvieron presentes en el discurso de Duque, insistente en que los mismos estaban llenos de imperfecciones, y que, por tanto, urgían por correcciones.
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El trato al narcotráfico y la participación en política de guerrilleros, sin antes pasar por la Jurisdicción Especial para la Paz, fueron dos de las críticas que con mayor insistencia se hicieron al acuerdo desde el Centro Democrático, y parte de una gran coalición de derecha que gobernará cuatro años y deberá, quiéralo o no, gestionar el postconflicto.
Se tratará de una tarea de enorme complejidad, si se tiene en cuenta que Duque deberá enfrentar el dilema que suponen las promesas de campaña con sectores enemigos del proceso bajo la batuta de Juan Manuel Santos, y compromisos internos y celosamente observados por la comunidad internacional.
La Corte Constitucional dejó claro que ningún gobierno durante los próximo tres mandatos, puede alterar la esencia de lo pactado en La Habana. A eso se suman no solo los más de 8 millones de personas que votaron por Gustavo Petro, sino organizaciones y movimientos sociales, que no cederán un ápice en cuanto a la defensa del proceso de paz se refiere.
Aunque teóricamente disponga de mayorías en el Congreso, a Duque no le será fácil corregir aspectos del postconflicto, que limiten en algo la participación política de la recién surgida Farc. Ello implicará alterar de fondo el acuerdo, y confirmar la hipótesis de varios mandos medios de la ex guerrilla, de que no se podía confiar en el Estado colombiano, pues tarde o temprano se cambiarían las reglas de juego.
Cualquier modificación que se proponga, además, deberá lidiar con un conjunto representativo de países en el mundo, que apoyaron sin titubeos la paz, incluido Estados Unidos.
Washington llegó a un nivel de involucramiento inédito en cuanto a procesos de diálogo colombianos, al nombrar a un enviado especial, Bernard Aronson, a quien el expresidente Uribe acusó de tener intereses comerciales en la negociación.
Aunque con Donald Trump, no ha habido muestras de entusiasmo hacia la paz, se deben tener en cuenta las elecciones legislativas este año. Seguramente, cambiarán la correlación de fuerzas en el Congreso y con una mayoría demócrata, la paz ganará visibilidad en la relación bilateral. Basta recordar las difíciles relaciones del gobierno Uribe, con sectores demócratas que, por presiones de organizaciones de derechos humanos, atrasaron la ratificación del Tratado de Libre Comercio.
Un equilibrio entre las exigencias del Centro Democrático y los compromisos con la paz, será uno de los retos más difíciles para el nuevo presidente. Más allá de que lo consiga o no, queda claro que no dispondrá de un margen de maniobra tan amplio como se piensa, para modificar los Acuerdos de la Habana. Podrá más bien para corregir aspectos determinados en su implementación.
La pregunta es si aquello bastará para satisfacer las demandas de millones que votaron por un cambio drástico en materia de paz. Eso no sucederá, y menos cuando la izquierda adquirió un mandato inédito para contrarrestar una coalición demasiado estrecha ideológicamente, como para gestionar un tema tan delicado como la paz.
Mauricio Jaramillo Jassir
Profesor principal Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad del Rosario
