Que el país apenas tenga datos actualizados sobre el 5% de sus predios tiene a siete entidades trabajando a toda marcha para aumentar esa cifra al 60% una vez termine este Gobierno.
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El plan de acción se concretó esta semana con la firma del Decreto 148 del 2020, que, entre otras, da las reglas de juego que fijan el catastro como servicio público, describe los procedimientos a tener en cuenta y tira línea sobre cómo proceder en materia de inspección, vigilancia y control.
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De acuerdo con un informe del Dane, la expedición de dicha norma “representa el marco regulatorio para la gestión catastral en el país. Así, este nuevo catastro se caracteriza por su apertura a nuevas metodologías y tecnologías de punta para el desarrollo de sus procedimientos”.
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Y agregó que “de igual manera, se crea una instancia técnica asesora que garantizará el rigor y la pertinencia técnica en la regulación a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac)”.
La tarea, no obstante, va más allá e incluye la participación de funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Dane, los ministerios de Agricultura y Justicia, la Agencia Nacional de Tierras y la Superintendencia de Notariado y Registro.
NUEVAS PRIORIDADES
El plan conjunto del Gobierno tiene como fin que el país cuente con una radiografía de los predios, lotes y baldíos, etc. que hay en el país, sin importar la titularidad de los derechos que existen sobre el bien.
Así las cosas, los factores que se tendrán en cuenta serán físicos, jurídicos y económicos, que incluye, por ejemplo, saber la relación que hay entre el propietario o poseedor con el inmueble, así como el avalúo catastral del mismo.
Para lograr esto, se realizará en cada predio un plan de cuatro puntos: formación, actualización, conservación y difusión catastral, que, en otras palabras, tiene como fin poner al día los datos del territorio nacional, buscando mejoras en términos fiscales, sociales y de política pública, entre otros.
Así lo dice el Dane: “Gracias a la expedición de estos dos decretos y a la implementación de la ruta integral desarrollada por el Gobierno para el catastro multipropósito, el país no solamente tendrá mayor eficiencia en la gestión de sus finanzas, sino que además la información catastral proveerá datos reales que les permitirán a los territorios identificar las necesidades de grupos poblacionales en cuanto a educación, acceso a servicios públicos, infraestructura y formalización de la propiedad, entre otros aspectos”
El avance que tendrá el país en esta materia incluye la actualización de datos catastrales con enfoque multipropósito, es decir, incluyendo barrido predial masivo, integración con el registro, incorporación de datos de informalidad, actualización permanente, interoperabilidad, digitalización e innovación.
Es más, dentro de los métodos que podrán usarse para recolectar la información –además de las visitas de campo– están el uso de imágenes de sensores remotos, modelos estadísticos y hasta análisis de big data, por mencionar algunos.
La idea, precisamente, es que se generen incentivos a la innovación, la competitividad y el desarrollo de servicios de alta calidad, de tal modo que se garantice el mantenimiento y actualización permanente de la información, que hoy en día apenas llega a un 5% de cobertura en todo el territorio y se pretende alcanzar un 60% al 2022 y un 100% en menos de cinco años.
Emilio José Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, escribió en su cuenta de Twitter: “Sigue avanzando la #PazconLegalidad. Con la firma del decreto que impulsa el Catastro Multiproposito el gobierno del presidente @IvanDuque continúa acelerando la implementación”.
Por su parte, Andrés Valencia, ministro de Agricultura, indicó que “un nuevo paso hacia la legalidad se da con el decreto del presidente @IvanDuque que oficializa el catastro multipropósito, con el que conoceremos la ocupación de la tierra y su vocación productiva, lo cual permitirá acelerar los procesos de formalización de la tierra”.
PLAN A MEDIANO PLAZO
Para lograrlo, se abre la puerta a que entidades como departamentos, municipios o esquemas asociativos territoriales, entre otras, sean gestores catastrales. Esto quiere decir, por ejemplo, que el municipio de Villavicencio puede habilitarse para adelantar la gestión catastral en su jurisdicción, en la región de la Orinoquía o en cualquier lugar del país.
Esto, por supuesto, trae consigo nuevas responsabilidades, ya que el ejercicio de poner al día todos los datos de predios en Colombia se elevó a un servicio público, lo cual genera un esquema de inspección, vigilancia, control y sanción a cargo de la Superintendencia de Notariado y Registro, “entidad que velará por el cumplimento de la regulación establecida tanto para gestores como para operadores catastrales”, explicó el Dane.
Ahora, se implementará una estrategia de promoción en territorios y buscará los recursos –para mantener al día la información–, que podría incluir el uso de las regalías.
