La extracción ilegal de oro, además de haberse convertido en una seria amenaza ambiental, prácticamente ha desplazado el negocio de la cocaína por su alta rentabilidad y escaso riesgo de penalización.
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Así lo estiman algunas de las organizaciones internacionales que en su lucha por la conservación ambiental, se han encontrado con un problema aun mayor, como es la presencia de bandas criminales que se lucran del comercio ilegal del oro, íntimamente ligado al tráfico de personas, la explotación sexual y el lavado de grandes cantidades de dinero.
En medio de este escenario, Colombia acaba de ser incluida entre el grupo de países más vulnerables en este campo, que recibirán asistencia especial como resultado de una nueva iniciativa emprendida por la Agencia Ambiental de las Naciones Unidas (UNET).
La iniciativa es producto de la implementación de la Convención de Minamata, puesta en vigencia en el 2013 y actualmente suscrita por 128 países, de los cuales 35 la han ratificado hasta la fecha. La misma tiene como objetivo central la erradicación del uso del mercurio, en las explotaciones mineras, y recuerda un desastre que ocurrió en Japón hace medio siglo donde murieron más de 900 personas por su exposición y consumo de pescado contaminado con ese metal.
Aunque Colombia todavía no ha ratificado dicho convenio, hace parte del grupo de países escogidos hace dos semanas en la ciudad de Washington para integrar la iniciativa, al lado de Perú, Indonesia, Kenia, Mongolia, Filipinas y Burkina Faso.
Al respecto, la organización conocida como Iniciativa Global, con sede en Ginebra, se encuentra entre los grupos de investigación que en mayor forma han estudiado la explotación ilegal de oro, estimando que en países como Colombia y Venezuela, el mercado negro del metal puede representar hasta el 80% del total producido en ambas naciones.
El fenómeno puede alcanzar el 77% del total de la producción de Ecuador, 30% en Bolivia y 28% en Perú. Revela al respecto que alrededor del 87% de las personas desplazadas en Colombia, provienen directamente de zonas mineras donde hacen presencia bandas criminales dedicadas a la extracción, compra y comercio del metal precioso.
Frente a la persecución que han enfrentado los traficantes de drogas en Colombia y Perú, el negocio del oro les está ofreciendo una altísima rentabilidad, una opción nueva para el lavado de dinero y un riesgo mínimo frente a la justicia, señala la organización suiza.
Entre tanto, anota, el desastre ambiental generado por la utilización de mercurio en la extracción del oro, es enorme si se tiene en cuenta el grado de contaminación de los ríos vecinos, con serias consecuencias para la salud de las poblaciones rivereñas. Calcula que solamente en la región amazónica se arroja anualmente el equivalente de 30 toneladas de mercurio.
El foco de la nueva Convención se dirige a la protección de alrededor de 15 millones de personas que en el mundo viven de la minería del oro, a pequeña escala.
Germán Duque Ayala
Miami
