Congresistas de la oposición, líderes políticos y exministros, entre otros grupos de ciudadanos, conformaron un movimiento al que llamaron Promotores de la legalidad, con el cual buscan demandar todos los decretos, resoluciones o leyes “que vayan en contra del bienestar de todos los colombianos y que atenten contra la Constitución y la norma”.
(Lea: Petro no retirará reforma de salud, aunque virtualmente estaría hundida en el Congreso).
En su primera actuación, este grupo anunció una demanda con la que pretenden tumbar el decreto que transfiere un millón de pesos mensuales a los jóvenes colombianos y migrantes vinculados a la criminalidad, conocido como Jóvenes en Paz.
(Vea: Gobierno confirma viabilidad de subterranizar parte del Metro de Bogotá).
“El Presidente y el Gobierno no están por encima de las instituciones, debe respetar la ley, por eso hemos interpuesto una acción popular para que no se aplique el artículo 44 del decreto 1649 de 2023, que reglamenta el Programa Jóvenes en Paz, donde se autorizan transferencias monetarias de un millón de pesos mensuales, con libre destinación, a niños entre los 14 y los 17 años, y jóvenes entre los 18 y los 28 años vinculados o con riesgo de vincularse en dinámicas de criminalidad, no es legal que con los impuestos de los Colombianos le paguen jóvenes migrantes delincuentes”, dice el comunicado publicado por este movimiento.
Para la representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, quien está liderando la iniciativa con el Senador David Luna, “este es un programa que está incentivando el crimen, es muy peligroso que los delincuentes tengan tantos privilegios, muchos son los jóvenes que buscan oportunidades, a la juventud vulnerable se les debe dar estudio y trabajo, mientras a un adulto mayor le llega un subsidio de $200.000 pesos a los delincuentes le piensan pagar un millón por no matar, los subsidios deben estar focalizados en la población vulnerable que no puede trabajar. Ancianos, cuidadores y personas con discapacidad. Yo creo que con este programa lo que pretenden es formar colectivos al servicio del señor Presidente”.
(Además: Qué posibilidades hay de que demanden la elección de la nueva fiscal general).
Este decreto ha generado polémica, razón por la cual el movimiento de promotores por la legalidad ya logró recoger más de 1.500 firmas para la demanda de esta iniciativa.
PORTAFOLIO